MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y AL REGLAMENTO DE HIGIENE DEL MISMO. EL JURADO DE REVISION NO DEBE CONOCER DE LAS RECLAMACIONES CON MOTIVO DE LAS.

El artículo 831 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal dispone: "l recurso de revisión tiene por objeto conocer y resolver en la vía administrativa, las inconformidades presentadas por los causantes y las autoridades respectivas, en los casos siguientes: . . . IV. Por los infractores o presuntos infractores de los reglamentos gubernativos, inconformes con las calificaciones que la Oficina General Calificadora de Infracciones, haga con motivo de las actas de infracción que se le consignan, fijando una sanción en contra del infractor. La inconformidad podrá referirse a la existencia, improcedencia o clase de la infracción, o a la clase y monto de la sanción". Ahora bien, la anterior disposición requiere como condición necesaria para su aplicación, que se trate de la infracción de un reglamento gubernativo. En consecuencia, debe determinarse si la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de Higiene del Trabajo, por cuya infracción fueron multados los recurrentes, tienen, o no, el carácter de reglamentos gubernativos, pues sólo en caso afirmativo podrá tener aplicación el precepto antes transcrito. Desde luego, se observa que la expresión "reglamento gubernativo" es sumamente ambigua, pues por su significado gramatical, comprende toda disposición que tiende a la exacta observancia de una ley, ya sea que provenga del presidente de la República, quien tiene la facultad reglamentaria a que se refiere la fracción I del artículo 89 constitucional, o bien de cualquiera otra autoridad administrativa secundaria. Sin embargo, el artículo 21 de la Carta Magna, dispone, en su párrafo segundo: compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, el cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por treinta y seis horas, pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá, en ningún caso de quince días". Esta disposición constitucional fija la competencia de la autoridad administrativa para castigar las infracciones de los reglamentos gubernativos, y al mismo tiempo, los límites máximos de los castigos que puede imponer. El hecho de que la disposición que se acaba de transcribir, se refiera a los reglamentos "gubernativos", indica que éstos son una categoría de disposiciones distintas de las que, con carácter exclusivo, puede expedir el presidente de la República, en uso de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Gobierno del Distrito Federal, en su fracción II, inciso 4o. establece como facultad de éste, la de "vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones generales relativas al Distrito Federal y proveer, en la esfera administrativa a su exacta observancia"; lo cual viene a establecer que los reglamentos gubernativos son las disposiciones que dictan las autoridades administrativas secundarias, tendientes al exacto cumplimiento de las leyes que expide el jefe del Poder Ejecutivo. Por tanto, si la Ley Federal del Trabajo fue dictada por el Poder Legislativo Federal y el Reglamento de Higiene del Trabajo, fue dictado por el presidente de la República, en uso de las facultades que le concede el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, y otras disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; debe decirse que basta con lo anterior para considerar que la ley y el reglamento indicados no tienen el carácter de reglamentos gubernativos, puestos que no fueron expedidos por autoridades administrativas secundarias para proveer el exacto cumplimiento de una ley expedida por el Poder Legislativo o de un reglamento dictado por el jefe del Ejecutivo, sino que fueron expedidos precisamente por éste, por lo que es correcta la sentencia a revisión, que estima que la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento de Higiene del Trabajo no son reglamentos gubernativos y que, por lo mismo, no siendo aplicable la fracción IV del artículo 831 de la Ley de Hacienda del Distrito Federal, el jurado de revisión del Gobierno del Distrito Federal no tiene facultades para conocer de las inconformidades interpuestas por infracciones a la ley y al reglamento indicados, ya que es evidente que no por el hecho de que el artículo 59 del aludido reglamento faculte al gobernador del Distrito Federal para sancionar las infracciones de ese ordenamiento, se varíe la naturaleza intrínseca del repetido reglamento.