DOCUMENTOS PUBLICOS (OFICIOS).

Si se tomaron en cuenta unos oficios, solamente en cuanto a que siendo los suscribientes, funcionarios públicos, informaron con relación a sus respectivas funciones, que el trabajador fallecido tenía un nombramiento oficial que iba prestando los servicios de guía a otro empleado público en la época del accidente, y la parte quejosa alega que tales documentos no demuestran la clase de servicios que el trabajador fallecido prestaba, porque en ellos no se insertó, la copia del nombramiento, ni la protesta de ley y porque se trataba de un nombramiento ad-honorem, lo que indica que no era realmente empleado público; debe decirse que la inserción del nombramiento y del acta de protesta, no es requisito imprescindible para que la Junta respectiva puede admitir que se trata de funciones públicas, porque en el caso no se trata de establecer el concepto jurídico de función pública, sino el carácter de empleado atribuído al citado trabajador fallecido, frente a la aseveración de que se trataba de un empleado particular a las órdenes del demandado para lo cual basta que el superior jerárquico respectivo, haya reconocido que la persona de que se trata, obraba investida de una delegación del poder público, sin que sea un requisito la existencia de un sueldo devengado por quien se dice empleado, ya que éste, como en el caso de inspectores ad-honorem, es pagado por otros conceptos como el de gastos de viaje, si se trata de guías, o por medio de participaciones en las penas pecuniarias que se aplican por las infracciones que se descubran.