SUSPENSION, PROCEDENCIA DE LA.

Aun cuando es cierto que en términos generales existe una relación de trabajo entre el poder público y sus servidores, también lo es que esta relación no tiene las características de un verdadero contrato de trabajo, tal y como está previsto en nuestra ley laborista, supuesto que ésta tiende esencialmente a regular las actividades del capital y del trabajo como factores de la producción o sea en funciones económicas; lo que no sucede en tratándose del poder público y de sus empleados atenta nuestra organización política y social; porque, como se dijo las funciones encomendadas al Estado no persiguen ningún fin económico, sino más bien un objeto de control para la convivencia de los componentes de la sociedad. Es por ello que no puede afirmarse que exista paridad en los fenómenos jurídicos enunciados, y por lo mismo, lógicamente no puede aceptarse que la jurisprudencia sustentada en relación con la suspensión, tratándose de verdaderos contratos de trabajo, haya de regir ese fenómeno, cuando se trata de trabajadores al servicio del Estado. Este razonamiento demuestra que los agravios expresados por el tribunal responsable, también son infundados.