LAUDOS, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL SIMPLE PRONUNCIAMIENTO, DE LOS.

Si el inferior pretende aplicar a la condición jurídica creada por un laudo condenatorio dictado en contra de determinada persona, la misma teoría que la Suprema Corte ha sostenido respecto a la expedición de leyes, declarando que el simple hecho de que se dicte un laudo, no puede afectar los intereses de la quejosa, la que debe esperar a que el indicado laudo se ponga en ejecución, para que entonces pueda decirse que existe un perjuicio reparable por la vía de amparo, esta consideración es notoriamente antijurídica, ya que la Ley Federal del Trabajo define la naturaleza obligatoria de los laudos dictados por las autoridades obrero-patronales, en el concepto de que la ejecución de dichos laudos ya ha sido declarada de interés público por esta Suprema Corte. Cuando se trata de la expedición de leyes, que son normas de carácter general, el amparo no puede pedirse, sino hasta que tratar de aplicarse la ley en cuestión, a los particulares a quienes pudiese afectar; tesis que se funda en la naturaleza general de la ley y en la circunstancia de que no son las autoridades que la expiden, las que tienen a su cargo su cumplimiento; y, aun tratándose de leyes, la jurisprudencia ha establecido la excepción de que podrán ser desde luego reclamadas en amparo, cuando por su sola expedición afectan los intereses particulares de determinada persona; por lo que, siendo esto así, el inferior no pudo eludir la controversia, por el hecho de que aún no había sido puesto el laudo en vías de ejecución, porque si se admite que la obligación de pago contenida en el laudo, no es sino un título obligatorio e inmediatamente exigible por el actor en contra de la empresa afectada, tiene que llegarse a la conclusión de que el amparo es procedente en contra del simple pronunciamiento del laudo.