POSESION DEL INQUILINO.

Conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que reclame, cuando éstos no sean violatorios de garantías en sí mismos, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se hubieren fundado tales actos; así pues, si el promovente en amparo, reclama la orden de la autoridad judicial para que desocupe una casa que habita, apercibiéndolo de hacerla desocupar por la fuerza, si dicho quejoso no se cuida de aportar ningunas pruebas justificativas, de que en realidad tuviere la posesión de buena fe, pacífica y continua durante el transcurso de algún tiempo, aunque la responsable reconozca la posesión, si esto fue con el carácter de inquilino, esta posesión no está protegida por el artículo 14 constitucional, de manera que si el recurrente no demuestra la inconstitucionalidad del acto reclamado, debe negarse la protección federal.