SINDICO, AMPARO PEDIDO POR EL, CONTRA LA RESOLUCION QUE REVOCO EL AUTO QUE HABIA DECLARADO APROBADO EL CONCURSO.

En estricto derecho, es incuestionable que una vez revocado el auto que declaró aprobado el concurso, de acuerdo con la última parte del artículo 740 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Distrito y Territorios Federales, las cosas deben reponerse al estado que tenían antes, máxime cuando esa revocación se hace ejecutoria, por haber sido revisada por el tribunal de grado; y la reposición de las cosas al estado que antes tenían, consiste, precisamente, en la cesación de las funciones del síndico, institución que ya no tiene razón de ser, porque sólo puede concebirse que haya síndico de un concurso, cuando existe ese concurso. Por tanto, si el tribunal de alzada, dicta una ejecutoria por la cual revoca la declaración hecha por el Juez de primera instancia, en el sentido de que determinada persona se halla en estado de concurso necesario, de ningún modo puede el síndico ostentarse como tal, en la demanda de garantías que promueva contra la mencionada ejecutoria y dicha demanda debe ser desechada, ya que el juicio de amparo sólo puede promoverse a petición de parte, o sea de la persona a quien perjudica el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 4o. de su Ley Orgánica. Podría argumentarse que para el efecto de estudiar la constitucionalidad del acto señalado como violatorio de garantías individuales, es forzoso que la demanda constitucional sea precisamente presentada por el síndico y que las funciones de éste deben subsistir para fines netamente procesales, es decir, sólo para representar al concurso, en el juicio de garantías, y que en ocasiones semejantes, la Suprema Corte ha tenido que admitir también la personalidad con que se ostentan algunos personeros, para los efectos del procedimiento del juicio constitucional; pero esto ha sido sólo cuando la materia del negocio afecta precisamente la situación de los quejosos, como representantes, pues entonces no puede desconocerse a éstos su carácter de personeros en el amparo, porque de este modo se llegaría a negarles toda acción para proponer el juicio constitucional, en contra de su desconocimiento como representantes; y no sucede lo mismo cuando como en el caso primeramente enunciado, el amparo se propone para el efecto de que desde el punto de vista del quejoso, no se prive a los acreedores del derecho que tienen para iniciar y seguir el procedimiento de concurso con todos sus efectos legales, ya que en tales condiciones, el perjuicio no lo resiente el síndico en su calidad de tal, sino los acreedores, en relación con el derecho que tienen, de provocar el concurso, y dada esta circunstancia, las personas a quienes perjudica el acto reclamado, son los indicados acreedores y no el síndico, que ha dejado de existir, por efecto mismo de la revocación, sin perjuicio de que si el amparo llegara a impartirse, se reinstalara al mismo síndico, en sus funciones de tal. Podría decirse también, que el simple hecho de que la Justicia Federal desconozca la personalidad del síndico que viene a promover el juicio de amparo en contra de la resolución que lo suspendió, equivaldría a dejar firme y subsistente el acto que precisamente se impugna como violatorio, mas no puede existir esa anticipación de criterio, porque lo único que se hace, es reconocer la situación de hecho creada con motivo de la ejecutoria de revocación, del mismo modo que se reconoce, por ejemplo, la existencia de un embargo, aun cuando haya motivado la consiguiente adjudicación, sin declarar por eso su constitucionalidad; en cambio, si para abrir la controversia de amparo se admitiese la personalidad de quien la ha perdido con motivo del acto reclamado, se cometería una inconsecuencia manifiesta, dando a la simple intención de pedir la protección constitucional, el efecto de revisar, aunque sólo sea para efectos procesales, la situación jurídica anterior a aquella en que se cometió la pretendida violación. En consecuencia, en el caso, sólo pueden instaurar el juicio de garantías, las mismas personas que promovieron el concurso y de ningún modo la masa, ni menos el síndico que diga representarla, ya que admitir su existencia y su representación sería tanto como desconocer la existencia misma del acto reclamado, porque si se afirma para pedir amparo la revocación del estado de concurso, no puede afirmarse al mismo tiempo que haya síndico o masa de acreedores. En cambio, los acreedores en su carácter de tales, sí pueden sostener sin duda que el tribunal cometió violación al revocar el estado de concurso que ellos habían provocado, privándoles así de sus derechos, y será entonces cuando se abra el juicio de garantías, para resolver si el acto es inconstitucional, o no, ya que de otro modo se cometerían notorias sustituciones de criterio y alteraciones arbitrarias de la situación de hecho, creada por el mismo acto reclamado, con perjuicio de la soberanía local, interesada en mantener en cuanto sea posible, la firmeza y efectividad de sus actos.