EMPLEADOS PUBLICOS, SUSPENSION PROCEDENTE CONTRA EL CESE DE LOS ACORDADO POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE.

La tesis establecida en el sentido de que cuando se pide amparo contra un cese y contra la orden de que no se sigan pagando sueldos al cesado, no debe concederse la suspensión, en virtud de que el cese es un acto consumado y la suspensión no tiene efectos restitutorios, y el orden público y el interés general están en juego, puesto que la percepción de sueldos debe exclusivamente corresponder a los servidores del Estado que efectivamente desempeñen, con el respectivo nombramiento y los requisitos legales en vigor, los empleados que originaron esos sueldos sólo es aplicable al caso en que las autoridades por sí y ante sí ordenen el cese de un trabajador, pero no cuando el amparo se pide contra un laudo del Tribunal de Arbitraje, por el cual se ordena la reinstalación de determinadas personas en los puestos que desempeñan los quejosos y contra la ejecución de dicho laudo, que traiga como consecuencias el cese de los mismos quejosos y la privación de sus sueldos; pues en este caso, por tratarse de intereses entre particulares, de carácter patrimonial, al conceder la suspensión no se causa ningún perjuicio al interés general, y en cambio, si se negara, se lesionarían los intereses de los quejosos, porque se les privaría de un trabajo que están desempeñando, sin que tal privación pueda ser reparable, en virtud de que se les niega el derecho a percibir salarios; además, los perjuicios que se puedan ocasionar a tercero, pueden ser reparables con la fianza que los quejosos otorguen, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo.