TRABAJADORES, PRESCRIPCION DE LA PREFERENCIA DE LOS CREDITOS DE LOS.

Afirmar que un derecho de crédito es preferente, equivale a decir que tiene una cualidad especial, esto es, que se le considera privilegiado, en el sentido de que debe cubrirse con prelación a otro u otros créditos, lo cual significa que el problema de la preferencia se reduce a fijar cuál es el privilegio de que disfruta un crédito. Sobre el particular se encuentran en el derecho mexicano los artículos 123, fracción XXIII, de la Constitución, 2989 del Código del Distrito y Territorios Federales y 97 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, los privilegios son de dos clases: generales, o lo que es lo mismo, preferencia de un crédito sobre todos los demás y en relación con todos los bienes, y especiales, o sea, la preferencia de un crédito sobre todos los demás pero con relación a un bien determinado; analizando los preceptos que se han citado, se nota que en los mismos, se establece en beneficio de los trabajadores, un privilegio general que priva, por lo tanto, sobre todos los créditos, cualquiera que sea su naturaleza, respecto a otros bienes del deudor. La existencia de este privilegio se justifica teniendo en cuenta la necesidad de proteger a los trabajadores, frente a los acreedores de derecho común, solución que, por lo demás, no es nueva, puesto que ya existía consagrada en otras legislaciones, entre ellas, aun cuando no en términos absolutos, en el Código Civil Francés. Los artículos que se han invocado indican claramente que el privilegio que se concede a los créditos de los trabajadores, opera no sólo en los casos de concurso, quiebra o sucesión, sino, además, cuando se trata de prosecuciones individuales; lo que se pone de manifiesto si se considera que los artículos 2989 del Código Civil y 97 de la Ley Federal del Trabajo difieren de la fracción XXIII del artículo 123 de la Constitución; en efecto, se dice en esta última, que los créditos en favor de los trabajadores, por salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnización, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros, en los casos de concurso, o quiebra, o lo que es lo mismo, la preferencia se otorga únicamente en los casos de concurso o quiebra; en tanto los artículos 2989 del Código Civil y 97 de la Ley Federal del Trabajo, disponen que los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra o sucesión, para que se les paguen los créditos que tengan por salarios o sueldos devengados en el último año y por indemnizaciones; que deducirán su reclamación ante la autoridad del trabajo que corresponda y que, en cumplimiento de la resolución que se dicte, se enajenarán inmediatamente los bienes que sean necesarios para que los créditos de que se trata, sean pagados preferentemente a cualesquiera otros; disposiciones de las que se deduce que la existencia de un concurso, quiebra o sucesión, no tiene influencia alguna en el ejercicio de las acciones de los obreros y que éstos, como si no existiere el concurso, pueden intentar su acción, de modo es que el privilegio que se concede, no se limita ya a los casos de quiebra o concurso, resolución a la que se llega, además, por la circunstancia de que el artículo 2989 del Código Civil, está incluido en el capítulo en que se establece, precisamente, la preferencia que corresponde a los diferentes créditos, de modo que al darse preferencia, en ese capítulo, a los créditos de trabajo, sobre todos los demás, se establece un privilegio general, puesto que, por una parte, no queda restringido a determinados bienes, y, por otra, tampoco se excluye a bienes que estén afectados a un crédito que goce de un privilegio especial. Mas si este privilegio existe, dada la naturaleza de los créditos de trabajo, el mismo se encuentra limitado, tanto por la Constitución, como por el Código Civil y por la Ley Federal del Trabajo, a un año, y aun cuando anteriormente se había sostenido que la Constitución limitaba la preferencia de los créditos de los trabajadores a un año, en los casos de quiebra o concurso, esta conclusión debe modificarse, porque para que un crédito se considere privilegiado, es preciso que exista una ley que así lo establezca, o lo que es lo mismo, sólo cuando exista un precepto legal que conceda preferencia, puede hablarse de privilegio. La Constitución concedió el privilegio en los casos de concurso o quiebra limitándolo a los salarios o sueldos devengados en el último año y a las indemnizaciones, y el Código Civil y la Ley Federal del Trabajo, extendieron este privilegio a todos los casos, independientemente de que existiera o no concurso o quiebra, pero limitándolo igualmente, a un año, y como no existe precepto alguno que conceda el privilegio por salarios o indemnizaciones correspondientes a épocas mayores de un año, es forzoso concluir que a este tiempo se encuentra limitado el privilegio. Este punto de vista se encuentra apoyado en otras razones, consistentes: la primera, en que si bien el derecho del trabajo tiene como finalidad proteger a la clase trabajadora, no puede desconocerse la existencia de las restantes relaciones que en la vida social se desarrollan, tales como civiles y mercantiles; y la segunda, en que, habiéndose establecido jurisprudencia en el sentido de que los créditos de los trabajadores, por regla general, prescriben en un año, a partir de la fecha en que las obligaciones son exigibles, esta misma prescripción está indicando que la protección que la ley otorga no es absoluta, sino que tiene límites en el tiempo, los que derivan de la necesidad de estabilizar la situación de las empresas, en beneficio no sólo de los trabajadores que podrían resultar perjudicados, cuando alguno de ellos reclamara salarios de muchos años, reclamación que podría traer consigo un desequilibrio en la negociación, que produjera la suspensión de los trabajos, sino en beneficio de los acreedores de derecho común; por lo que, en los términos que proceden, se establece que los créditos de los trabajadores son preferentes sobre cualesquiera otros, siempre que se trate de salarios, sueldos o indemnización, devengados en el último año.