RETROACTIVIDAD DE LA LEY, PARA LOS EFECTOS DE LA CLAUSULA DE EXCLUSION.

La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha establecido, en varias ejecutorias, la interpretación que, a propósito de las Leyes del Trabajo, debe darse al artículo 14 constitucional, y ha sostenido que la teoría de los derechos adquiridos y de las simples expectativas, como criterio para resolver los problemas de retroactividad, ha sido abandonada por la Suprema Corte de Justicia y sustituida por nueva tesis, conforme a la cual, el problema de la retroactividad corresponde al de la aplicación de la ley, en cuanto al tiempo, y que éste, a su vez, descansa en la diferencia entre el efecto inmediato y el retroactivo de una disposición, siendo el primero, la obligación de la ley en el presente, y el segundo en el pasado; el principio general es el de que la aplicación de toda ley es inmediata, esto es, que se aplica en el presente; pero nunca puede referirse al pasado; distinción que se ve con claridad, cuando se trata de situaciones jurídicas nacidas y extinguidas bajo el imperio de una sola ley, pero que requiere algunas explicaciones cuando la duración de una situación jurídica nacida al imperio de una ley, se prolonga más allá de la fecha en que dicha ley es abrogada, o sustituida por otra; casos para los cuales se hace preciso determinar en qué consiste el efecto inmediato y cuál sería el retroactivo de la ley; pudiendo decirse que si la nueva ley pretende a efectos verificados, (facta praeterita), es retroactiva si pretende aplicarse a situación en curso (facta pendente), será necesario hacer una separación entre las partes anteriores a la fecha del cambio de legislación, que no podrán ser tocadas, sin que la nueva ley sea retroactiva y las posteriores, para las cuales la ley nueva, al aplicarse, no tendrá un efecto inmediato, y por último, con relación a los hechos futuros (facta futura), es claro que la ley no puede ser nunca retroactiva; de lo que se concluye, analizando el desarrollo de una situación jurídica, que comprende tres momentos: el de constitución, el de producción de sus efectos, y el de extinción; que las leyes que gobiernan los efectos de una situación jurídica no pueden, sin ser retroactivas, referirse a los efectos producidos bajo el imperio de la ley anterior; pero que todos los efectos jurídicos que en el futuro se produzcan, quedarán regidos por ellas, y que las leyes que suprimen los efectos de una situación jurídica, no pueden, sin ser retroactivas, referirse a las ya realizadas, pero sí pueden impedir que en el futuro se produzcan nuevos efectos. De acuerdo con lo antes expuesto, es claro que todos los efectos producidos hasta antes de la vigencia de la Ley Federal del Trabajo, no pudieron ser tocados por el artículo 186 de la misma; pero que este último precepto, sí impide que en el futuro se realicen aquellos efectos que sean contrarios a su texto; por lo que tratándose de trabajadores reajustados, los que ya hubieren vuelto al trabajo, no podrán ser separados; pero los nuevos puestos, a partir de la vigencia del precepto, sólo podrán ser ocupados por los trabajadores que tengan derecho, conforme al mismo artículo 186; pues aplicándose toda nueva ley inmediatamente y pudiendo, sin ser retroactiva, impedir que en el futuro se produzcan los efectos que sean contrarios a sus disposiciones, es claro que una Junta de Conciliación puede, en su laudo, establecer, sin dar efecto retroactivo al tantas veces citado artículo 186 que, para el futuro, el precepto debe cumplirse puntualmente excluyendo a los trabajadores que no fueren miembros de la agrupación mayoritaria. Por último, la aplicación inmediata de la ley, tampoco produce efectos retroactivos, porque la ley derogada no puede continuar produciendo efectos, pues si bien en el derecho privado, esta supervivencia es posible por el principio de que la voluntad es la suprema ley en los contratos, y que la nueva debe respetarlo, el mismo principio no tiene validez tratándose del derecho del trabajador, puesto que por ser de orden público el artículo 123 y sus leyes reglamentarias, y no regir aquel principio de la autonomía de la voluntad, trabajadores y patronos están obligados a cumplirlas puntualmente, sin que su voluntad pueda prevalecer, cuando sea distinta de la expresada en aquellos preceptos.