INQUILINATO EN VERACRUZ, LEY DE.

Si bien es cierto que compete exclusivamente al Congreso de la Unión imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, con arreglo al artículo 27, párrafo tercero, de la Carta Magna; sin embargo, la Ley de Inquilinato del Estado de Veracruz de mil novecientos treinta y siete no entraña modalidades en la acepción que a tal vocablo atribuye el mencionado párrafo, tanto por lo anteriormente dicho cuanto porque del texto de la repetida disposición y los respectivos debates en el Congreso de Querétaro, no se infiere que haya existido el propósito de plantear el problema de los arrendamientos de predios urbanos. Fácilmente se admitirá que del texto del párrafo tercero que se analiza, no se desprende que el Constituyente haya concedido en forma expresa al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre el contrato de arrendamiento de inmuebles urbanos. Así, el tenor de la norma invocada, como las discusiones que se entablaron en el Congreso Constituyente acerca del artículo 27, demuestra que no se intentó dar solución a la cuestión inquilinaria, puesto que en los debates, para nada se alude a tal problema, y el precepto en estudio se refiere exclusivamente a la "riqueza pública" y a los "elementos naturales" es decir, a las aguas, mares, lagos y ríos, a los yacimientos minerales y petrolíferos, y a los recursos agrícolas, ganaderos y forestales.