REFRENDO. NO ES APLICABLE A LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS, LA TESIS SUSTENTADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES DEL AÑO DE 1986, PAGINA 721, CON EL RUBRO: REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DE LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNION. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBERNACION.

El artículo 92 constitucional, faculta a los Secretarios de Estado y Jefes de Departamentos Administrativos a refrendar todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente, que afecten directamente la órbita de sus atribuciones y sin ese requisito no deben ser obedecidos. Ahora bien, como lo dispone el artículo 89, fracción I, de la Carta Magna, el Presidente de la República tiene la obligación constitucional de ordenar se publiquen las leyes que expida el Congreso de la Unión, orden presidencial que se concretiza en el decreto promulgatorio de la ley que afecta la órbita de atribuciones del Secretario de Gobernación, habida cuenta que el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le atribuye la facultad de publicar las leyes y decretos que emitan, entre otros, el Presidente de la República. En esta virtud sólo a este servidor público corresponde refrendar el decreto promulgatorio de la ley. En este sentido se pronunció el alto tribunal en la tesis citada al rubro. Sin embargo, ese criterio de la Suprema Corte no puede aplicarse por analogía, en la materia de los reglamentos administrativos, ya que no existe tal analogía entre ambos actos presidenciales. En efecto, en la publicación de las leyes del Congreso de la Unión, colaboran tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo: El Congreso de la Unión, de conformidad con el artículo 72, inciso a) constitucional, debe remitir al titular del ejecutivo, el proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras y el Presidente, si no tiene observaciones que hacer, debe ordenar su inmediata publicación, mediante el decreto promulgatorio y (de acuerdo con la Suprema Corte), como la materia de este decreto está constituida en rigor por la orden del Presidente de la República para que se publique o dé a conocer la ley o decreto, es de concluirse que el decreto respectivo sólo requiere para su validez constitucional de la firma del Secretario de Gobernación, cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emanó de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal y, por ende, el que debe ser refrendado, sin que deba exigirse, además la firma del Secretario o Secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del titular, sino del órgano legislativo, lo cual evidentemente no está permitido por el artículo 92 constitucional, pues dicho precepto instituye el refrendo sólo para los actos del Presidente de la República. En cambio, la publicación de los reglamentos, no se encuentra sujeta a formalidad constitucional alguna y no existe tampoco la colaboración de poderes, como sucede en tratándose de la publicación de las leyes del Congreso de la Unión. Por consiguiente, no habiendo ningún elemento en común entre la publicación de los actos legislativos formales y la publicación de los reglamentos, no puede aplicarse la tesis del pleno por analogía, ya que, mientras que en las leyes o decretos del poder legislativo, la promulgación implica una obligación constitucional a cargo del titular del poder ejecutivo, o un derecho de ejercicio obligatorio, en la expedición y publicación de reglamentos, la Carta Magna no exige, para su eficacia, más formalidades que la del refrendo por parte del Secretario de Estado o Jefe del Departamento Administrativo cuya esfera competencial se vea afectada; esto es precisamente lo contrario tratándose de las leyes del Congreso de la Unión, porque éstas no requieren refrendo, sino solamente debe refrendarse el decreto promulgatorio, como acto demandado del Presidente; en cambio, los reglamentos sí son objeto de refrendo por cuanto a su contenido se refieren, más no, por cuanto al decreto administrativo mediante el cual se publican, en virtud de que no llevan implícita ninguna orden constitucional de publicación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.