LANZAMIENTO, PROVIDENCIA DE, ESTABLECIDA POR EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVILES DE NUEVO LEON.

Los artículos 215, 219, 223 y 224 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, son inconstitucionales, porque establecen la diligencia previa de lanzamiento sin oír debidamente al inquilino y le privan de su derecho de defensa sin que se establezcan las formalidades esenciales del procedimiento, todo ello con violación del derecho fundamental establecido por el artículo 14 de la Constitución Federal, ilegitimidad constitucional que está debidamente demostrada en antecedentes de esta Suprema Corte; en cuanto al artículo 224 del mismo ordenamiento, procede estimar que dicho precepto no es sino una consecuencia de la ejecución de lanzamiento que agrava la situación desventajosa del arrendatario, toda vez que establece que deben retenerse y depositarse los bienes no exceptuados de embargo, más realizables, que se encuentren y sean suficientes para cubrir las pensiones, autorizando el secuestro, aún al hacer el requerimiento a que se refiere el artículo 219, cuando el actor lo hubiere pedido al entablar la demanda, configurándose de esta manera un embargo precautorio y provisional sin las formalidades esenciales que deben revestir a esta figura procesal, pues se permite sin que exista peligro o temor de que se oculten, dilapiden, o enajenen los bienes con los cuales pueda responder el deudor, o sea sin demostrarse la necesidad de la medida, cuando una providencia de tal naturaleza debe rodearse de requisitos mayores, cuando no se funde en título ejecutivo, puesto que ocasiona daños y perjuicios graves al deudor; así, se exige siempre al demandante que otorgue fianza para responder de tales daños y perjuicios. Y como el citado artículo 224 coloca al arrendatario en esa situación desventajosa frente a su contraparte, privándole de defensa, al autorizar el secuestro provisional de sus bienes, sin las formalidades esenciales a que se contrae el invocado artículo 14 de la Constitución Federal, resulta dicho precepto contrario a la Ley Suprema.