SINDICATOS, ACTOS DE DOMINIO REALIZADOS POR LOS, SOBRE BIENES DE SUS AGREMIADOS.

Para determinar las facultades de un sindicato, en la ejecución de actos de dominio sobre bienes de sus miembros, deben aplicarse las normas que establece el Código Civil, dado que en la Ley Federal del Trabajo no existe disposición alguna que les conceda esas facultades. En efecto, aun cuando el artículo 251 de esta ley establece que la directiva es responsable, en los mismos términos en que lo son los mandatarios, de ahí no se desprende que tenga las facultades de un mandatario, y menos aún las especiales para realizar actos de dominio sobre los bienes de los agremiados; y si bien el artículo 232 de la misma ley faculta al sindicato para obrar en defensa y beneficio de los intereses de sus miembros, de esto tampoco se sigue que esté autorizado para vender bienes de los agremiados, ya que tal venta no puede implicar un acto de defensa, ni tampoco de mejoramiento común. No obsta a lo anterior que se trate de bienes adquiridos por los miembros del sindicato, representados por éste, en un juicio laboral, porque de tal hecho no se desprende que la representación jurídica del sindicato en la defensa de los intereses litigiosos de sus miembros, continúe para realizar actos de dominio en relación con los bienes adquiridos con motivo del juicio, actos estos últimos que implican situaciones jurídicas totalmente desvinculadas de la defensa de los intereses comunes durante el juicio. Por otra parte, el acuerdo tomado por la asamblea del sindicato, autorizando la venta de los bienes adjudicados a los trabajadores en el juicio laboral, por la mayoría de las dos terceras partes de los agremiados, no implica un mandato, en los términos regulados por el Código Civil, que establece determinadas formalidades para el otorgamiento y reducción del mandato general o especial para actos de dominio. Los trabajadores a quienes se adjudicaron los bienes en el juicio, adquirieron estos pro indiviso, es decir, en forma de copropiedad, de manera que deben aplicarse las reglas establecidas para la validez de los actos de dominio, en relación con los bienes objeto de copropiedad. A este respecto, la doctrina es uniforme al concluir que se requiere del acuerdo unánime de todos los copropietarios en la ejecución de actos de dominio sobre los bienes comunes. Como cada copropietario tiene una parte alícuota sobre dichos bienes, es evidente que la enajenación acordada por la mayoría, implicaría un acto dispositivo sobre las partes alícuotas ajenas de aquéllos copropietarios que no hubiesen manifestado su conformidad en la venta. Por último, cabe agregar que no habiendo habido mandato, a los trabajadores adjudicatarios no se le puede oponer la venta concertada, respecto a los bienes que adquirieron, por un tercerista que carecía de representación jurídica. En tal virtud, dicho acto no puede surtir efectos en perjuicio de los propios adjudicatarios, quienes tienen expedito su derecho para interponer una tercería excluyente de dominio, en relación con el juicio en que se hubieren embargado los bienes que les fueron adjudicados, y por la misma razón, sin tener que intentar una acción de nulidad, pueden hacer valer el dominio que les pertenece, formulando la demanda de tercería excluyente.