Artículo 10 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México

La persona que encabeza el gobierno de la Ciudad de México (el Jefe de Gobierno) tiene la obligación de vigilar cómo se administran las cárceles, asegurándose de que se respeten los derechos humanos de los presos. También puede crear reglamentos, decretos y acuerdos para que el sistema de prisiones funcione bien. Además, puede hacer convenios con el gobierno federal, con otros estados o con empresas públicas para poder mover a los presos a otros lugares, ya sea por tratamiento médico o psiquiátrico, o para ayudar en programas que busquen reintegrarlos a la sociedad y prevenir delitos. Por último, debe cumplir con todo lo que digan esta Ley y otras normas que le apliquen.

Texto oficial

Artículo 10. Son funciones, atribuciones y obligaciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: Supervisar la administración del Sistema Penitenciario, garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad; Emitir los reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos para el correcto funcionamiento del Sistema Penitenciario; Celebrar convenios con dependencias de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas, así como con otras dependencias o entidades públicas paraestatales, para el traslado y reclusión de las personas privadas de la libertad que requieran asistir a otros establecimientos cuando fuese necesario para su tratamiento médico o psiquiátrico debidamente prescrito, o cuando tal acción coadyuve a la realización de las políticas de reinserción social y prevención del delito, esto en el marco de los ordenamientos legales aplicables; y Las demás que establezca esta Ley y la normativa aplicable.