Artículo 23 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México

Cuando se va a hacer una consulta popular o un ejercicio de democracia directa (como una votación para decidir sobre una ley o una obra), el gobierno debe avisar a todos por varios medios. El aviso se publica en el periódico oficial de la Ciudad de México, en la página del Instituto Electoral y en al menos un periódico importante. En ese aviso tiene que venir toda la información clara: de qué se trata la consulta, cuáles son los argumentos a favor y en contra, las fechas importantes, cómo se va a votar (presencial o por internet), la pregunta exacta que se hará, quién organiza todo y a qué autoridad puedes reclamar si algo sale mal.

Texto oficial

Artículo 23. Las convocatorias para la realización de los mecanismos de democracia directa serán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Plataforma del Instituto y en, al menos, uno de los principales diarios de la Ciudad, y contendrá: El tipo de instrumento de democracia directa; La descripción de la naturaleza del ejercicio, del acto de autoridad o, en su caso, del texto de la disposición legal sometida a consideración de la ciudadanía; Explicación clara y precisa del mecanismo de aplicación del acto de gobierno, así como de los efectos de aprobación o rechazo; la indicación precisa del ordenamiento y el o los artículos que se propone someter a consulta; Breve síntesis de los argumentos a favor y en contra del tema, ley o decreto sometido a consulta; Los plazos y términos para cada una de las etapas que contemple la organización de dicho instrumento; Lugar y fecha en que habrá de realizarse la jornada de votación u opinión de forma presencial y, en su caso, digital; La pregunta o preguntas conforme a las que la ciudadanía expresará su aprobación o rechazo; El formato mediante al cual se consultará a la ciudadanía; La modalidad de consulta presencial y digital mediante el cual se realizará el mecanismo de democracia directa; La autoridad responsable de la organización del ejercicio ciudadano; Los medios de impugnación; Las autoridades jurisdiccionales responsables de resolver las controversias; y Las que determine el Instituto Electoral.