Artículo 78 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México

La Asamblea Ciudadana, que es un grupo de vecinos de una zona específica, tiene varias tareas importantes: fomentar que la gente participe en las decisiones de su comunidad, ayudar a resolver problemas del barrio o colonia, y crear comisiones para temas como vigilancia, proyectos o educación ciudadana. También puede aprobar o cambiar el plan de trabajo de las comisiones encargadas de dar seguimiento a los acuerdos, y debe ser transparente informando qué hace y cómo gasta o usa los recursos. Además, puede diseñar propuestas de desarrollo, manejar el presupuesto participativo (dinero que la gente decide en qué gastar) y evaluar programas públicos, siempre con apoyo de escuelas o instituciones de investigación. Para que esto funcione, el gobierno de la Ciudad, el Congreso, las Alcaldías y otras autoridades tienen la obligación de dar capacitación y asesoría constante a los vecinos, y pueden pedir ayuda a universidades o centros de estudio. Por último, cualquier habitante puede unirse a una o varias comisiones o dejar de participar cuando quiera, sin problemas.

Texto oficial

Artículo 78. La Asamblea Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: Fomentar la democracia, la formación cívica y la participación ciudadana entre las personas habitantes de la unidad territorial; Promover la organización democrática de las personas para la toma de decisiones, deliberación sobre asuntos comunitarios y resolución de problemas colectivos de su unidad territorial; Establecer comisiones temáticas en materia de Vigilancia; diagnóstico participativo, proyectos, planeación participativa y desarrollo comunitario; Educación, formación y capacitación ciudadana y las otras que la misma establezca; Aprobar o modificar el programa general de trabajo de la Comisión de Participación Comunitaria, así como los programas específicos de las demás Comisiones de seguimiento; Establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre sus actividades, comisiones y la Comisión de Participación Comunitaria; y Diseñar y aprobar diagnósticos y propuestas de desarrollo integral, presupuesto participativo, seguimiento y evaluación de programas y políticas públicas y otros a desarrollarse en su unidad territorial, con acompañamiento de instituciones públicas educativas y de investigación, conforme se establece en la presente Ley. Para el cumplimiento de lo anterior la Jefatura de Gobierno, el Congreso de la Ciudad de México, las Alcaldías, el Instituto Electoral y demás autoridades que así lo determinen, estarán obligadas a implementar programas permanentes y continuos de capacitación, educación, asesoría y comunicación en la materia, para coadyuvar a las tareas de la Asamblea Ciudadana, así como celebrar convenios o facilitar el apoyo de instituciones educativas y de investigación que ayuden al desarrollo metodológico y analítico que resulte pertinente. Las personas habitantes son libres de integrarse a una o varias comisiones, así como dejar de participar en ellas.