Artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México

Esta ley aplica para regular cómo trabaja el gobierno de la Ciudad de México y los trámites que hace la gente con él. También aplica para algunas empresas del gobierno, pero solo cuando actúan como autoridad y afectan tus derechos o intereses como ciudadano. Sin embargo, esta ley NO aplica en temas como impuestos, finanzas, seguridad pública, elecciones, participación ciudadana, notarías, justicia cívica, ni cuando el Ministerio Público hace su trabajo. Tampoco aplica para quejas de servidores públicos que revisa la Secretaría de la Contraloría, ni para las quejas o recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero sí hay una excepción: las multas por faltas administrativas (como no cumplir reglas del gobierno) sí se rigen por esta ley, aunque tengan que ver con dinero.

Texto oficial

Artículo 1º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México. En el caso de la Administración Pública Paraestatal, sólo será aplicable la presente Ley, cuando se trate de actos de autoridad provenientes de organismos descentralizados que afecten la esfera jurídica de los particulares. Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley los actos y procedimientos administrativos relacionados con las materias de carácter financiero, fiscal, en lo relativo a la actuación del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, seguridad pública, electoral, participación ciudadana, del notariado, así como de justicia cívica en la Ciudad de México; las actuaciones de la Secretaría de la Contraloría General, en lo relativo a la determinación de responsabilidades de los servidores públicos; y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en cuanto a las quejas de que conozca y recomendaciones que formule. En relación a los créditos fiscales, no se excluyen de la aplicación de esta Ley lo relativo a las multas administrativas, derivadas de las infracciones por violaciones a las disposiciones de orden administrativo local.