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Artículo 63 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Explicado en lenguaje simple

Texto

En palabras simples

La Ciudad de México va a tener un Sistema Anticorrupción, que es un grupo que junta a varias autoridades para evitar, encontrar, investigar y castigar la corrupción, además de vigilar cómo se usa el dinero público. Este sistema tendrá un Comité Coordinador formado por los jefes de varias oficinas como la de fiscalización, la Fiscalía Anticorrupción, un tribunal, un consejo de evaluación y la Contraloría, e incluye a un ciudadano que lo presidirá. Este comité se encarga de coordinarse con el sistema nacional, crear políticas para controlar recursos y prevenir la corrupción, y hacer diagnósticos para entender de dónde viene el problema. También debe pedir información a instituciones públicas y privadas, vincularse con la ciudadanía para recibir denuncias, y publicar informes sobre sus avances y recomendaciones. Además, puede sugerir cambios a las autoridades para eliminar las causas de la corrupción, y esas autoridades tienen que responderle con argumentos.

Texto oficial

Artículo 63 Del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 1. La Ciudad de México contará con un Sistema Anticorrupción, instancia de coordinación de las autoridades competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos. 2. El Sistema Anticorrupción contará con un Comité Coordinador, conformado por las personas titulares de la entidad de fiscalización, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; del Tribunal de Justicia Administrativa, del Consejo de Evaluación, del órgano de control del Congreso y de la Secretaría de la Contraloría General, todos de la Ciudad de México; así como por un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y por un representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, quien lo presidirá. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, sin perjuicio de las facultades otorgadas a cada uno de los órganos que lo integran: I. El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción y con los entes públicos; II. El diseño y promoción de políticas públicas en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, del ejercicio de las atribuciones de las personas servidoras públicas así como de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción; III. La formulación de diagnósticos que permitan identificar el origen y causas de corrupción; IV. La determinación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones públicas, académicas, sociales y privadas; V. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de la Ciudad en materia de responsabilidades, fiscalización, control de bienes, servicios y recursos públicos; VI. La vinculación con los mecanismos de participación ciudadana destinados al combate a la corrupción y el seguimiento a las denuncias ciudadanas; VII. La elaboración de informes públicos que contengan los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, de la aplicación de las políticas y los programas destinados a combatir la corrupción, de las recomendaciones emitidas, su aceptación o rechazo, su estado de cumplimiento y las respuestas correspondientes; y VIII. La formulación, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, de recomendaciones a los entes públicos, destinadas a eliminar las causas institucionales que generan hechos de corrupción, tanto en las normas como en los procesos administrativos, así como en los vínculos entre los poderes públicos y los particulares. Las autoridades destinatarias estarán obligadas a emitir respuesta fundada y motivada. 3. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco personas que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y su independencia del Gobierno de la Ciudad; durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección, serán renovados de manera escalonada y podrán ser removidos por las causas establecidas en la ley. Son funciones del Comité de Participación Ciudadana: I. Elaborar anualmente su programa de trabajo y presentar su informe anual; II. Establecer mecanismos de vinculación, cooperación y colaboración con la ciudadanía; III. Coordinarse con las contralorías ciudadanas, contralorías sociales, testigos sociales y demás mecanismos de participación ciudadana previstos en esta Constitución; IV. Recibir las denuncias de cualquier ciudadano sobre hechos de corrupción, en los términos que establezca la ley; V. Realizar observaciones al proyecto de informe anual del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; y VI. Presentar denuncias sobre hechos de corrupción en los términos de lo que establezca la ley. 4. El sistema contará con el auxilio técnico y administrativo de un secretariado ejecutivo que será designado por el Comité Coordinador a propuesta de su presidente, en los términos que determine la ley y dependerá del mismo. El secretariado ejecutivo tendrá el carácter de órgano descentralizado del Gobierno de la Ciudad. Apoyará los trabajos del sistema mediante la generación, compilación y procesamiento de la información para identificar las causas que generan hechos de corrupción; el diseño de metodologías e indicadores para medirlos y evaluarlos; la formulación de los proyectos de informes y recomendaciones que emitirá el Comité Coordinador. Establecerá una plataforma digital que albergue el registro de denuncias, recomendaciones y sanciones, así como de declaraciones de intereses, de cumplimiento de obligaciones fiscales, y patrimoniales. 5. El sistema garantizará la protección a denunciantes, informantes, testigos y afectados por hechos de corrupción. CAPÍTULO II DEL REGIMEN DE RESPONSABILIDADES

Ver ley oficial en el DOF (pág. 163) ↗

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