Artículo 10 de la LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El artículo 10 dice que la Secretaría (una dependencia del gobierno), los Órganos internos de control (como los "vigilantes" dentro de cada oficina pública) y la Auditoría Superior (que revisa el dinero del gobierno) son los encargados de investigar, analizar y decidir si alguien cometió una falta administrativa (un error o mala acción en el trabajo público). Si la falta no es grave, estas autoridades pueden iniciar todo el proceso para sancionar al responsable según lo que marca la ley. Cuando los investigadores encuentran que sí hubo una falta y quién es el probable culpable, deben hacer un informe formal y entregarlo a otra autoridad para que decida el castigo. Además, estas mismas autoridades tienen la obligación de crear medidas para prevenir errores, revisar cómo se usa el dinero público y denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier acto que pueda ser un delito.

Texto oficial

Artículo 10. La Secretaría, los Órganos internos de control y la Auditoría Superior, tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, además de las que le confieran la Constitución y demás normatividad aplicable, la investigación, substanciación y calificación de las Faltas administrativas. Tratándose de actos u omisiones que hayan sido calificados como Faltas administrativas no graves, la Secretaría y los Órganos internos de control serán competentes para iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta Ley. En el supuesto de que las autoridades investigadoras determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para que proceda en los términos previstos en esta Ley. Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, la Secretaría y los Órganos internos de control serán competentes para: I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos locales y federales según corresponda en el ámbito de su competencia, y; III. Presentar denuncias por hechos susceptibles de constituir delitos ante las instancias competentes para su investigación y persecución.