Artículo 207 de la LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Este artículo dice que cuando un juez o autoridad da su veredicto final sobre un caso de faltas administrativas graves, ese documento (la sentencia) debe incluir varias cosas obligatorias: la fecha, el lugar y quién la emitió; los antecedentes del caso; los hechos que las partes están discutiendo; y cómo se evaluaron las pruebas que presentaron. Además, la sentencia debe explicar las razones legales por las que se tomó la decisión, especialmente si hubo daños al dinero del gobierno o al patrimonio público. También debe decir si realmente existió o no una falta grave cometida por un servidor público o un particular, y si esa persona es completamente responsable. Si se determina que hubo daños, la autoridad debe señalar la relación directa entre la falta y el daño, cuánto vale ese daño, y cuánto se tiene que pagar como indemnización, explicando cómo se calculó esa cantidad. Por último, la sentencia debe incluir la sanción para el responsable y los puntos donde se explica cómo se va a cumplir esa decisión. Si durante el caso la autoridad encuentra pistas de que otras personas podrían haber cometido faltas, puede ordenar que se inicien investigaciones contra ellas.

Texto oficial

Artículo 207. Las sentencias definitivas deberán contener lo siguiente: I. Lugar, fecha y Autoridad resolutora correspondiente; II. Los motivos y fundamentos que sostengan la competencia de la Autoridad resolutora; III. Los antecedentes del caso; IV. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos por las partes; V. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; VI. Las consideraciones lógico jurídicas que sirven de sustento para la emisión de la resolución. En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Local o al patrimonio de los entes públicos, se deberá señalar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta calificada como Falta administrativa grave o Falta de particulares y la lesión producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación; VII. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como Falta administrativa grave o Falta de particulares y, en su caso, la responsabilidad plena de la persona servidora pública o particular vinculado con dichas faltas. Cuando derivado del conocimiento del asunto, la Autoridad resolutora advierta la probable comisión de Faltas administrativas, imputables a otra u otras personas, podrá ordenar en su fallo que las autoridades investigadoras inicien la investigación correspondiente; VIII. La determinación de la sanción para la persona servidora pública que haya sido declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de la Falta administrativa grave; IX. La existencia o inexistencia que en términos de esta Ley constituyen Faltas administrativas, y X. Los puntos resolutivos, donde deberá precisarse la forma en que deberá cumplirse la resolución. Capítulo II Del procedimiento de responsabilidad administrativa ante La Secretaría y Órganos internos de control