DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE. LA OMISIÓN DE HACER DEL CONOCIMIENTO A QUIENES MANTIENEN VÍNCULOS AFECTIVOS O DE PARENTESCO CON EL INCULPADO SOBRE SU DERECHO A NO DECLARAR NO TIENE CONSECUENCIAS JURÍDICAS (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

Si bien es cierto que de acuerdo con la ley adjetiva penal existe una obligación general de testificar con relación a un hecho ilícito, también lo es que los artículos 243 del Código Federal de Procedimientos Penales y 231 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guanajuato prevén una excepción a ese deber. En este sentido, las personas que guarden un vínculo de parentesco o estrecha amistad con el inculpado pueden abstenerse de testificar en su contra. Este derecho conlleva la obligación de la autoridad de hacer saber al declarante la posibilidad de acogerse a esa prerrogativa. Con todo, cuando el testigo es denunciante y en la declaración se realiza una imputación directa en contra del inculpado, la omisión de la autoridad que conozca de los hechos de informar sobre este derecho no tiene ninguna consecuencia jurídica porque es indiscutible que, dada su calidad de denunciante, tiene la voluntad de declarar en contra del inculpado y no hacer efectiva esa prerrogativa.