RENTA. LA INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 43-A AL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO SUBSANA EL VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XII, DE DICHA LEY.

El artículo 31, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta , prevé los requisitos que debe cumplir el contribuyente a fin de deducir los gastos de previsión social erogados a favor de sus trabajadores en un determinado ejercicio fiscal. Por otra parte, el artículo 43-A del Reglamento de la citada ley establece que cuando las prestaciones de previsión social excedan de los límites establecidos en el indicado precepto legal, la prestación excedente sólo será deducible cuando el contribuyente cubra por cuenta del trabajador el impuesto que corresponda a tal excedente, considerándose el importe de dicho impuesto como ingreso para el trabajador por el mismo concepto, debiendo efectuarse las retenciones correspondientes. Ahora bien, este alto tribunal concluyó, mediante las jurisprudencias P./J. 128/2006 , P./J. 129/2006 y P./J. 130/2006 , que dicho artículo 31, fracción XII, es inconstitucional por violar los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. En ese contexto, la incorporación del artículo 43-A al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no implica que el vicio de inconstitucionalidad de mérito pueda soslayarse como si la emisión de la disposición reglamentaria tuviera el efecto de subsanar los defectos observados en la norma emanada del legislador, razón por la que, al no configurarse la Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento como un sistema normativo en sentido restringido, las consideraciones vertidas en las indicadas jurisprudencias conservan plena vigencia, con independencia de lo previsto en el numeral reglamentario. En efecto, al detectarse la presencia de una antinomia -como sucede entre los citados artículos- puede afirmarse que al menos uno de los dos no pertenece al sistema, lo cual se resuelve mediante el principio de jerarquía, dando prevalencia a la norma legal, sobre la cual existe jurisprudencia que declara su inconstitucionalidad.