EMPRESARIAL A TASA ÚNICA. EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL OTORGAR UN TRATO DIFERENCIADO EN CUANTO AL PLAZO PARA APLICAR EL CRÉDITO FISCAL "POR PÉRDIDAS" PARA QUIENES CUENTAN CON UNA CONCESIÓN PARA EXPLOTAR BIENES DE DOMINIO PÚBLICO O PRESTAR UN SERVICIO PÚBLICO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008).

El precepto señalado establece un crédito fiscal a favor de los contribuyentes para el caso de que el monto de las deducciones autorizadas supere a los ingresos gravados en el ejercicio, que se calculará aplicando a la diferencia, la tasa del impuesto; el monto resultante actualizado, podrá acreditarse contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio, así como contra los pagos provisionales, en los siguientes diez ejercicios hasta agotarlo; en el caso de contribuyentes que cuenten con concesiones para la explotación de bienes del dominio público o la prestación de un servicio público, el plazo para aplicar dicho crédito será igual al de la concesión otorgada. De lo anterior se advierte un trato diferenciado en función del plazo en que podrá aplicarse el crédito fiscal "por pérdidas", pues mientras la generalidad de los contribuyentes podrá utilizarlo en el lapso de diez ejercicios, quienes tengan una concesión administrativa podrán aplicarlo por todo el tiempo que ésta perdure. Sin embargo, el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única , no viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en atención a que de los artículos 25, 27, párrafos cuarto, quinto y sexto, y 28, párrafos cuarto, quinto y décimo , de dicho Ordenamiento Supremo, así como de las distintas leyes administrativas que regulan la concesión, deriva que, si bien es cierto que toda actividad económica que realicen los particulares debe ser alentada y protegida por parte del Estado, motivo por el cual pudieran considerarse en un plano de igualdad concesionarios y no concesionarios, también lo es que existe un especial énfasis a nivel constitucional respecto de la explotación de bienes del dominio público o la prestación de servicios públicos concesionados, en atención a que se encuadran en ciertas áreas prioritarias del desarrollo nacional que tienen como finalidad la salvaguarda del interés general. Así, los concesionarios se colocan en una situación objetiva y cualitativamente distinta de aquellos que no lo son, pues los primeros se ubican en una situación donde es más clara la satisfacción de una necesidad colectiva, al mismo tiempo que se someten a la rigurosa y excepcional normativa sobre la materia; en cambio, tales circunstancias no se presentan para los segundos, pues sólo deben observar la normativa civil o mercantil. Por ello, si la finalidad es preservar la continuidad en la explotación de los bienes del dominio público o la prestación de servicios públicos a través de la subsistencia de la unidad económica respectiva y mantener su equilibrio financiero, es razonable que se permita a los concesionarios la aplicación del crédito fiscal "por pérdidas" por todo el tiempo que dure la concesión, frente a los demás contribuyentes que no sean titulares de una concesión, quienes al no participar de esas características y propósitos, sólo tendrán diez ejercicios para aplicar el crédito referido, en el entendido de que este último plazo se estima constitucionalmente razonable.