RENTA. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE LA NO DEDUCIBILIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES, NO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

El numeral citado al rubro prescribe que, para efectos del Título II -relativo a las personas morales- no serán deducibles, en principio, las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales. El mismo artículo establece una excepción a la regla general, consistente en que dichos conceptos podrán deducirse cuando la Ley imponga la obligación de pagarlos por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros. Por último, prescribe una "excepción a la excepción" al disponer que no se aplique lo anterior cuando los daños y los perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al contribuyente. El hecho de que se limite la deducción de las penas convencionales a los supuestos cuyo origen provenga de causas ajenas a la voluntad del contribuyente no conlleva una violación al principio de proporcionalidad tributaria, en razón de que no se trata de erogaciones necesarias u ordinarias que ameriten ser reconocidas por el legislador como gastos deducibles, pues no se encuentran necesariamente vinculadas como costo de generación del ingreso y, por ende, no se desprende del artículo 31, fracción IV, constitucional la necesidad de que las mismas sean reconocidas como concepto deducible. No tiene ningún sentido negar que las cantidades desembolsadas por concepto de penas convencionales tienen un efecto en las finanzas del causante que las paga, pero debe tomarse en cuenta que no es ésta la nota esencial de las deducciones que deben reconocerse, sino que, adicionalmente, debe observarse una conexión necesaria con su actividad, es decir, debe tratarse de erogaciones operativas que presuntamente tengan una incidencia en el desempeño ordinario del negocio. En este orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el pago de la pena convencional -no el acuerdo sobre su existencia-, propiamente, no es una circunstancia que se dé de manera necesaria para la obtención de dichos recursos vinculados a la generación de ingresos. En todo caso, se aprecia que los contribuyentes que opten por establecerla se acogen a un esquema obligacional de su propia elección, de manera voluntaria, conscientes que al mismo era inherente la prohibición de deducir la pena convencional. No debe perderse de vista que la pena convencional es una obligación accesoria, no el medio por el cual las empresas obtienen recursos para la generación de ingresos, o bien, por el que propiamente obtienen los recursos, pues nadie celebra un contrato que se justifique comercialmente sólo por la pena convencional. En esta medida, es obvio que no se trata de una erogación ordinaria en la que incurren las empresas para la obtención de ingresos. Cabe precisar que no acontece lo mismo con las indemnizaciones o sanciones que la propia fracción VI del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta permite deducir. En dichos casos, la materialización de la circunstancia que da lugar al pago de la indemnización o pena -riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o actos de terceros- representa una inesperada, repentina y sensible afectación al contribuyente que no depende de su voluntad.