COPROPIEDAD. LA MANCOMUNIDAD QUE POR REGLA GENERAL EXISTE EN TAL RÉGIMEN, NO IMPIDE QUE CUALQUIERA DE LOS COPROPIETARIOS TENGA LEGITIMACIÓN PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE COMPRAVENTA, AL NO EXISTIR ENTRE ÉSTOS LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Es inexacto el argumento de que un solo copropietario no puede exigir el cumplimiento del contrato de compraventa (pago del precio), sino que es menester la concurrencia de todos los copropietarios, pues ello implica un litisconsorcio activo necesario, que contraviene el principio de derecho consagrado en el artículo 5o., del Código de Procedimientos Civiles del Estado consistente en que: "A nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad.". Principio que contiene diversas excepciones que enumera tal precepto en forma enunciativa, mas no limitativa, y entre las cuales no se encuentra el régimen de copropiedad, a los demás copropietarios lo que se estima indispensable, para obligar a los demás copropietarios para incoar la acción correspondiente, pues si la ley adjetiva local establece el principio general ya mencionado, es inconcuso que para que se actualice el litisconsorcio activo necesario, que es una excepción a tal regla, debe estar expresamente establecido en la ley, de conformidad con el artículo 11 del Código Civil del Estado, que dispone: "Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes". Ahora bien, si la copropiedad, en términos del artículo 935 del Código Civil del Estado, existe "... cuando una cosa o un derecho pertenecen proindiviso a varias personas.", ello implica que sobre una cosa o un derecho existe una pluralidad de personas con derecho sobre ellas; si se trata de una cosa, (bien inmueble por ejemplo), el copropietario tiene el derecho a usarla e inclusive a enajenarla o gravarla en su parte alícuota y si se trata de un derecho, además de poder disponer o disfrutar de él, tiene la facultad de exigir que se incorpore a su esfera jurídica en la parte alícuota que le corresponde. Ahora bien, de los artículos 1878 y 1882 del Código Civil para el Estado de Nuevo León , se desprende que tratándose de obligaciones civiles con pluralidad de acreedores o deudores, la solidaridad no se presume, sino que debe estar en la ley o existir por acuerdo de las partes. Luego, si de los artículos 796 y 935 a 976 del código sustantivo citado, que regulan la copropiedad, no se advierte que se establezca la existencia de la solidaridad entre los copropietarios y en el caso controvertido, no hay constancia de que los copartícipes hayan realizado un acuerdo en tal sentido, es inconcuso que entre los copropietarios existe mancomunidad y en términos de los artículos 1879 y 1880 del Código Civil del Estado , el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros; asimismo, las partes se presumen iguales a no ser que se pacte otra cosa o que la ley disponga lo contrario. Ahora bien, no pasa inadvertido que en términos del citado artículo 1879, la mancomunidad de acreedores no da derecho a cada uno de éstos, a exigir el total cumplimiento de la obligación; ello es así, en razón de que la legitimación de los copropietarios emana de los artículos 796 y 936 del código sustantivo de la entidad que establecen que cada uno de ellos puede ejercer actos posesorios sobre la cosa común, siempre y cuando no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores, además, que los copropietarios de un bien o un derecho, no pueden ser obligados a conservarlo indiviso; es decir, la circunstancia de que cualquier copropietario esté en aptitud legal para incoar una acción, sin necesidad de la concurrencia de los demás, o de su consentimiento, no implica que lo obtenido en la sentencia le deba ser entregado en su totalidad, (salvo que se trate de acción reivindicatoria o diversa acción posesoria), pues la simple mancomunidad de acreedores no da derecho a cada uno de ellos para exigir el total cumplimiento de ella misma, en términos del referido numeral 1879 y, por tanto, en tales casos, debe repartirse entre los demás copropietarios a partes iguales, salvo acuerdo en contrario, en términos del artículo 1880, que tiene concordancia con el numeral 939, que regula la copropiedad y dispone: "... Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad". Luego, la legitimación activa que la ley confiere a cada uno de los copropietarios, respecto de la cosa común, no implica que lo obtenido en cantidad líquida en una sentencia le deba ser entregado en su totalidad al copropietario accionante, en este caso, lo que el actor obtenga por el cumplimiento del contrato de compraventa que exige, (pago del precio), pues existe prohibición expresa en el sentido de que los actos posesorios que ejerza sobre la cosa común, no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores, lo que acontecería en el caso de que el Juez natural le entregara todo el numerario obtenido, pues el juzgador debe advertir la existencia de la mancomunidad, para que a pesar de que en ejecución de sentencia se le reclame la entrega total de lo obtenido, sólo otorgue la parte proporcional que le corresponde, en términos de los invocados numerales 939 y 1880. Lo anterior, con independencia de que los copropietarios que se estimen afectados por el actuar del condueño que ejercitó la acción, puedan dirigir en su contra las acciones correspondientes. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.