AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA DEL DELITO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PROMOCIÓN INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HACE SABEDORA DE LA RESOLUCIÓN DE APELACIÓN QUE REVOCA EL FALLO DE CONDENA AL INCULPADO AL PAGO DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO Y NO DE AQUELLA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

No existe alguna disposición legal que obligue al tribunal de alzada a notificar directamente a la víctima del delito la resolución que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado o su defensor, revocando la sentencia que condena al inculpado al pago de la reparación del daño. Ahora bien, si se notifica al Ministerio Público en su carácter de parte (que no tiene el presunto ofendido, conforme a la legislación aplicable), tampoco existe dispositivo que obligue a la fiscalía a formalizar, a su vez, una notificación a la víctima, a fin de que ésta pueda, en su caso, hacer uso del derecho de acudir al juicio de garantías. Por tanto, para los efectos del cómputo del plazo para esa interposición, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo , debe estarse a la fecha en que la parte quejosa se hace sabedora de la resolución que constituye el acto reclamado y no a la fecha de notificación a la institución ministerial. Esto es así, porque la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia se refiere a "actos consentidos tácitamente", entendiendo por éstos, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos correspondientes; sin embargo, es evidente que dicha hipótesis presupone la constatación de que el quejoso tuvo conocimiento efectivo del acto por reclamar y, no obstante, no lo hizo dentro del plazo respectivo, empero, esa premisa (el conocimiento del acto), no puede ser simplemente inferida o deducida de supuestos o presunciones basadas en la idea de que el Ministerio Público tiene el carácter de representante social, desatendiendo el problema de saber si la víctima del delito estuvo realmente enterada de la sentencia absolutoria, pues pensar de esa forma implicaría desconocer que la Ley de la Amparo, en el propio numeral 21, contempla como supuestos de inicio del término ordinario de los quince días, no únicamente que se cuente a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, sino también "al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos"; por otra parte, atenerse en todos los casos a la idea de que el carácter de representante social hace innecesario constatar la fecha efectiva de conocimiento del acto a reclamar por parte de la víctima del delito, equivaldría a desnaturalizar dicho carácter, y utilizarlo en forma contradictoria, es decir, en perjuicio de quien forma parte de esa sociedad pretendidamente representada y que, además, ya resintió un delito en su perjuicio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.