COMPONENTE INFLACIONARIO. LA REGLA 3.2.4. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA DOS MIL, AL OTORGAR A CIERTO TIPO DE CONTRIBUYENTES LA OPCIÓN DE DETERMINARLO DE UNA MANERA DISTINTA A LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 7o.-B DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Esa regla, emitida el veintinueve de febrero de dos mil y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo del mismo año, señala que los contribuyentes que no formen parte del sistema financiero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor para el citado año, que para efectos de la misma ley efectúen sus pagos provisionales de forma trimestral y que en términos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación no estén obligados a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, podrán determinar los intereses acumulables y deducibles en el ejercicio aplicando el factor de acumulación y deducción trimestral que al efecto dé a conocer la mencionada Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en vez de aplicar lo dispuesto en el citado artículo 7o.-B (determinar en cada caso de los meses del ejercicio, los intereses y la ganancia o pérdida inflacionaria, acumulables o deducibles); sin embargo, no viola el principio de equidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República , pues si bien permite ejercitar esa opción sólo a cierta clase de contribuyentes, esto no basta para estimarla inequitativa, en virtud de que tal opción, sin distinción alguna, se encuentra prevista igualmente para todos los contribuyentes que reúnan las características indicadas, quienes reciben un trato idéntico atinente a esa opción. Además, la circunstancia de que la regla evidentemente no pueda ser aplicable a todos los contribuyentes del impuesto relativo, de ninguna manera implica violación a la citada garantía tributaria, pues se otorga la posibilidad de aplicar un procedimiento simplificado para determinar los intereses acumulables y deducibles en el ejercicio correspondiente, a aquellos que por sus características les es compatible el procedimiento, por el volumen de sus operaciones, por lo que la diferencia de trato que la regla prevé es acorde al mencionado principio, ya que un contribuyente integrante del sistema financiero no se encuentra en las mismas circunstancias que otro que no forma parte de él; tampoco un contribuyente que está obligado a dictaminar sus estados financieros por contador autorizado se ubica en la misma situación que otro que sí tiene esa obligación; y un contribuyente que está obligado a efectuar pagos provisionales en forma trimestral no es igual al que tiene la obligación de efectuar sus pagos en forma mensual. Se expone tal aseveración, porque de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 7o.-B, las empresas que integran el sistema financiero son las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, administradoras de fondos para el retiro, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, casas de cambio y sociedades financieras de objeto limitado con residencia en México o en el extranjero; empresas que operan como agentes intermediarios de crédito y, como tales, poseen activos propios y ajenos provenientes, estos últimos, del ahorro y del depósito de terceros, que las hacen formar parte de un grupo de contribuyentes sujetos a un estricto control financiero dado que su funcionamiento regular es de interés público, esto es, cuentan con características tan peculiares que las diferencian objetivamente de la generalidad de los causantes y justifican el trato general, que implica que a ellas no se les permita determinar los intereses y pérdidas deducibles y acumulables en una forma diversa a la prevista en el multicitado artículo 7o.-B. Esto ocurre también con los contribuyentes que en términos de lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, están obligados a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, pues son personas físicas con actividades empresariales y personas morales que se caracterizan por contar con ingresos acumulables o activos elevados, por recibir donativos deducibles, esto es, ingresos ajenos, y manejar bienes del erario público. En cambio, los contribuyentes que para efectos de la citada ley efectúen sus pagos provisionales de forma trimestral, pueden ser considerados como contribuyentes menores, porque reciben ingresos o cuentan con activos de poca cuantía y que, por regla general, no ameritan ser sometidos a estrictas formas de control fiscal, por tributar conforme a una tasa fija; por tanto, se encuentra justificado que la regla en cuestión otorgue a estos contribuyentes la posibilidad de determinar los intereses o pérdidas acumulables y deducibles, de manera trimestral y conforme a un factor determinado por la indicada secretaría, esto es, de una manera más simplificada y práctica, pues no requieren de una profunda fiscalización o revisión de su situación fiscal, por ser fácil de determinar. DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.