VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL. SE CONSTITUYE SI EL PLIEGO ACUSATORIO DEL MINISTERIO PÚBLICO NO CONTIENE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y EL JUEZ DEL PROCESO OMITE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 323 DEL PROPIO CÓDIGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

De una interpretación armónica y sistemática de los artículos 319, 320, 322 y 323 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas , se llega al conocimiento, por una parte, de que una vez concluida la etapa de instrucción el Juez del proceso pondrá a la vista del agente del Ministerio Público la causa penal, para que éste formule sus conclusiones dentro del término que para tal efecto establece el citado ordenamiento legal; y, por otra, que tal actuación es válida sólo si reúne los requisitos a que se refiere el numeral 320 del ordenamiento legal en consulta, a saber: a) Que contenga una exposición sucinta y metódica de los hechos a partir de los cuales se realizan las proposiciones de derecho; b) Que se citen las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables; y, c) Que finalice en propuestas concretas. Por ello, en el pliego de acusación el agente del Ministerio Público deberá fijar la pretensión de cómo debe dictar el órgano jurisdiccional la sentencia, para así dar la oportunidad al procesado de refutar sus acusaciones; además, precisará por qué los hechos en que apoya su acusación son punibles, para lo cual tendrá la obligación de señalar los preceptos legales del código represivo para el Estado que contemplan la conducta activa u omisiva que el acusado llevó a cabo o dejó de hacer y con qué medios de prueba se actualiza cada elemento que integra la figura delictiva que a título doloso o culposo se atribuye al acusado, así como la responsabilidad de éste en su comisión; también deberá definir si el justiciable es autor o copartícipe del ilícito penal que se le reprocha, y en qué fracción del artículo 11 del Código Penal para la entidad se ubica la conducta del acusado. Las conclusiones que no contengan tales requisitos no pueden ser consideradas como de acusación, pues en todo caso sólo serán válidas para estimar cumplidas las cuestiones formales, pero no serán suficientes en cuanto al fondo, por no reunir los requisitos a que se refiere el citado numeral 320 y, por tanto, atendiendo a lo que dispone el artículo 323 del mismo código, el Juez de origen debe mandar el proceso y las conclusiones al procurador general de Justicia del Estado para que confirme o modifique el pliego acusatorio del representante social, ya que de no proceder en tales términos se conculcan las normas del procedimiento, con lo que se vulneran las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales , al impedirle al procesado contestar el pedimento de acusación y así acceder a una adecuada defensa. Sin que la anterior omisión implique su absolución en la comisión del delito que se le atribuye, en virtud de que la sociedad tiene interés en que se sancionen las conductas delictivas, además, porque la protección del ofendido o la víctima está elevada a rango constitucional. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.