DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL FALLO DE DESTITUCIÓN DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT).

La Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, publicada el diecisiete de agosto de dos mil dos en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, en su artículo 1o., establece: "Las disposiciones de la presente ley son de orden público y tienen por objeto regular la justicia administrativa en el Estado de Nayarit, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal.-El presente ordenamiento no es aplicable a los órganos autónomos del Estado, al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, ni a las materias laboral y electoral.". La excepción que el legislador local estableció respecto a la aplicación del citado ordenamiento, en tratándose de órganos autónomos del Estado, del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, y en las materias del orden laboral y electoral, obedeció, sin duda, a la naturaleza jurídica y a la autonomía que revisten estos rubros, conforme a las atribuciones y facultades que las leyes respectivas les conceden, cuenta habida que, conforme a la exposición de motivos del citado ordenamiento local, la finalidad es la de regular la justicia administrativa en el Estado de Nayarit, y el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los órganos descentralizados de carácter estatal. En ese tenor, y al resultar evidente la esencia normativa de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, es inconcuso que la exclusión que el legislador hizo respecto del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales fue, precisamente, por la autonomía que este órgano representa como investigador y persecutor de los delitos, tal como lo dispone la Constitución Federal; empero, la excepción no aplica, cuando el actuar del procurador general de Justicia del Estado de Nayarit, sea en ejercicio de las atribuciones administrativas que le confieren los artículos 2o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nayarit, y 41, fracción XXIV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en cuanto constituye conforme a los numerales 1o. y 31 de esta última ley, una dependencia integrante de la administración pública centralizada, y si el acto que se reclama consiste en el fallo que resuelve el recurso de revisión interpuesto contra la resolución de destitución del consejo de honor y justicia de la Policía Judicial del Estado, es indudable que tal mandamiento es de naturaleza eminentemente administrativa, y no en virtud de las funciones constitucionales que le concede el artículo 21 de nuestra Carta Magna , de ahí que no se actualice la excepción prevista en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en cuanto a la aplicación del citado ordenamiento; por tanto, si no se observó el principio de definitividad que rige en materia de amparo, en cuanto previamente se agotara el juicio contencioso administrativo, previsto en el artículo 150, fracción I, de la ley en cita, y que en su artículo 175 autoriza la suspensión, sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda de garantías por actualizarse en forma manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo . SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.