DEPOSITARÍA JUDICIAL DEL DEUDOR HIPOTECARIO. ES VÁLIDA SU RENUNCIA EFECTUADA ANTES DE INICIADO EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).

La depositaría judicial del deudor hipotecario, según lo dispuesto en el artículo 481 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se constituye a partir del emplazamiento al juicio especial hipotecario y entraña tanto una obligación procesal, pues surge para tener vigencia durante el procedimiento, como un derecho sustantivo, siendo éste el de habitar o poseer el predio gravado, aunque de manera derivada, mientras se sustancia el propio procedimiento. A pesar de lo cual es válida su declinación o renuncia, porque en cuanto derecho sustantivo es factible dado que sólo afecta el interés privado del deudor hipotecario, porque éste es el único interesado en mantener la posesión del inmueble, además de que la depositaría no es condición para la sustanciación del procedimiento, ni impide el ejercicio de los derechos procesales de las partes; no lesiona derechos de terceros, ni afecta el interés público, habida cuenta que sólo involucra cuestiones patrimoniales que inciden o impactan únicamente en la esfera jurídica del acreedor y el deudor, y los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, no prohíben esa renuncia, pues no otorgan al referido precepto y, consecuentemente, a la depositaría, el carácter de orden público e irrenunciable, estableciendo que necesariamente el deudor tenga que afrontar ese cargo, sino que, por lo contrario, en el artículo 482 del citado ordenamiento adjetivo se prevé que puede rechazar el cargo de depositario y, por tanto, renunciar al derecho de posesión, estableciendo entonces de manera implícita que el rechazo de la obligación de que se trata y la renuncia al derecho de posesión no afecta un interés público, porque de ser así el legislador no habría previsto en el referido precepto esa posibilidad de renuncia. Además, no obstante que el ejercicio de esa depositaría surge a partir del emplazamiento al juicio especial hipotecario, es válida la renuncia realizada ante notario público o autoridad competente, o en medio fehaciente al constituirse la hipoteca, o en otro momento anterior a la promoción del juicio relativo, porque si bien recae sobre un derecho u obligación que en ese momento no se tiene, es susceptible de llegar a tenerse, y conforme a lo dispuesto en el artículo 1826 del Código Civil para el Distrito Federal, a condición solamente de ser posible, las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato, siempre que no se trate de la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento, como lo prevé dicho precepto legal, o que no sea de una donación de bienes futuros, por prohibirlo el artículo 2333 del mismo ordenamiento sustantivo. Asimismo, con la renuncia de mérito no se contraría lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. del citado ordenamiento sustantivo, dado que formulada en forma clara, sólo incide en un derecho privado, como lo es el del deudor hipotecario a la posesión del inmueble hipotecado a título de depositario, y no afecta derechos de terceros o el interés público, porque involucra cuestiones patrimoniales que inciden o impactan únicamente en la esfera jurídica del acreedor y del deudor; además de que no paraliza, modifica o impide la prosecución del proceso, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no establece expresamente que la depositaría sea de orden público, sino que, como antes se puntualizó, en su artículo 482 admite la posibilidad de que el deudor decline esa responsabilidad y, consecuentemente, renuncie al derecho de posesión, lo que implica que a ese derecho u obligación procesal no se le da el carácter de norma de orden público. Establecer la irrenunciabilidad de esa obligación y derecho implicaría desconocer la naturaleza de las obligaciones condicionales, soslayando que la existencia o resolución de un contrato puede sujetarse a la realización de un evento posterior al acto, es decir, a una condición suspensiva o resolutoria ampliamente utilizadas en la práctica; todo lo que se corrobora con lo establecido en el artículo 2209 del mencionado código sustantivo, en cuanto a que cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíba. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.