LESIÓN, ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES DESTINADOS PARA HABITACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

En virtud de que el interés público se constituye por el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado, y que el orden público designa el estado de convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad, surgida de la vigencia de los principios, normas e instituciones jurídicas que identifican el derecho de una comunidad y garantizan el desarrollo armónico de los individuos y, por ello, no son susceptibles de alteración o modificación por la voluntad de los particulares ni tampoco por el derecho extranjero, cuyo cumplimiento de tales principios y preceptos legales impide que la conducta de particulares afecte los intereses fundamentales de la sociedad, por tales motivos el legislador ha reconocido expresamente que ciertas disposiciones legales, por contener o hacer alusión a dichos principios y/o valores fundamentales, son de orden público y, asimismo, los tribunales, siguiendo los lineamientos establecidos en tales disposiciones jurídicas, deben determinar si un acto concreto es contrario al indicado orden público, ya sea por su naturaleza, modalidad o por los efectos que produce. En este contexto, de la interpretación sistemática, armónica y teleológica de los artículos 8o., 9o., 10, 11, 1477 y 1488 del Código Civil para el Estado de Puebla, se concluye que el derecho a promover la nulidad por lesión de un contrato de compraventa que tiene por objeto un inmueble destinado a casa habitación, ya sea cuando la parte que adquiere da dos tantos más o si la que enajena recibe el cincuenta por ciento menos del precio o estimación del bien, es de interés público, habida cuenta que tal derecho pertenece al cúmulo de pretensiones vinculadas con la satisfacción de necesidades colectivas, como evidentemente lo es la adquisición de inmuebles para vivienda pues, incluso, el artículo 4o. de la Constitución General de la República establece como garantía individual de la familia el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa; de ahí que su protección representa para el Estado una actividad prioritaria y, por tanto, está obligado a vigilar que los contratos que se celebren con la finalidad de atender la indicada necesidad social se ajusten a derecho evitando, por razones de orden público, que cualquiera de los contratantes sufra un menoscabo en su patrimonio por alguna operación notoriamente desventajosa, ya sea causada por una indebida asesoría o incluso de buena fe. Así las cosas, la sentencia que declara no probada la acción de nulidad por lesión fundada en la desproporción entre el precio pactado en la compraventa con el valor comercial de un inmueble destinado a casa habitación, por considerar que existe renuncia para reclamar la indicada nulidad, en ese aspecto resulta ilegal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.