INSTITUCIONES FINANCIERAS. EL ARTÍCULO 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, NO VULNERA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 5, de rubro: " ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN .", estableció que los actos privativos regulados en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y que sólo son autorizados mediante el cumplimiento de determinados requisitos contenidos en el citado numeral; asimismo, que para poder determinar dicha situación, es necesario advertir si la privación material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad. En congruencia con tal criterio, se concluye que el artículo 50 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros , que establece la obligación de las instituciones financieras de crear una unidad especializada para la atención de consultas y reclamaciones de los usuarios, no vulnera la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, pues les impone un deber que deriva de un acto permisivo del Estado, además de que esa obligación no constituye un acto de privación, toda vez que no produce como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de derecho alguno.