AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACIÓN. A DIFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL, LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO A ESA ACTUACIÓN NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

El más Alto Tribunal del país ha definido, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 114, bajo el rubro: " AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACIÓN. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES X Y XVII, DE LA LEY DE AMPARO) .", que hay una violación al procedimiento penal federal, cuando el agente del Ministerio Público de la Federación -sea apelante o parte legítima-, no asista a la audiencia de vista en la apelación, bajo la premisa de que las normas adjetivas relativas lo obligan a estar presente en todas las audiencias del juicio, incluyendo las celebradas en segunda instancia; empero, para que cobre vigencia dicha hipótesis, respecto de asuntos del orden común, es presupuesto fundamental que la legislación secundaria establezca idéntica obligación para el representante social local, de estar presente en la audiencia de vista en segunda instancia -para que opere la analogía o afinidad de normas, como en el caso de la contenida en la fracción X del precepto 160, vinculada con la diversa XVII de la Ley de Amparo -, situación que no ocurre en las disposiciones del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, donde a diferencia del Código Federal de Procedimientos Penales, el artículo 35, fracción I, establece como regla general, que: "Las audiencias se llevarán a cabo concurran o no las partes.", y en la subsecuente fracción II establece una excepción para el fiscal, en el sentido de que: "El Ministerio Público no podrá dejar de asistir a las audiencias que celebren para la vista del proceso", es decir, mientras que en el fuero federal ninguna audiencia se podrá llevar a cabo si a ella no concurre el Ministerio Público, en el Estado de Puebla esa situación sólo se presenta tratándose de la inasistencia del funcionario de esa institución a las audiencias que se celebren para la vista del proceso, y aun cuando esta disposición, preliminarmente pudiera interpretarse en el sentido de que la ley, al aludir a "las audiencias que se celebren para la vista del proceso", no hace distinción si se trata de la de primera o la de segunda instancia y, por lo mismo, que el Ministerio Público está obligado a asistir a ambas, esta conclusión se desvanece si se tiene en cuenta que el artículo 234, que trata expresamente sobre las reglas aplicables a "la audiencia de vista del proceso" (que conforme al anterior numeral 233, el Juez citará a ella el mismo día en que la defensa presente sus conclusiones o se le tengan por formuladas las de inculpabilidad), obviamente se refiere a la que se celebra en la primera instancia, y la fracción I del invocado artículo 234, comienza diciendo que esa actuación se verificará concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público que no podrá dejar de asistir a ella, obligación que también se reproduce, expresamente, a cargo de ese funcionario para la audiencia de vista de primera instancia que se desarrolla ante el Juez en el procedimiento relativo a delitos que merecen sanción menor de seis meses de prisión (artículo 235, fracción III, de la propia legislación), resultando significativo que esa prevención no se reproduce en ninguno de los numerales que rigen el trámite del recurso de apelación -271 a 304-, lo que facilita sostener que la obligación que tiene el Ministerio Público de estar presente en la audiencia de vista, sólo está constreñida a la verificada en la primera instancia, lo que se confirma si se atiende a que aun cuando el artículo 286, fracción IX, del referido ordenamiento procesal, coincidente con lo previsto en la fracción X del artículo 160 de la Ley de Amparo, señala como violación al procedimiento "haberse celebrado el juicio sin asistencia del funcionario que deba fallar, de su secretario y del Ministerio Público", es el caso que ese precepto, a diferencia del artículo 388 del código federal, es expreso al establecer que se refiere a violaciones del procedimiento en primera instancia, de allí que no podría hacerse extensivo a la apelación, dada la limitación marcada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.