REMATE DE BIENES SECUESTRADOS O EMBARGADOS. EL ARTÍCULO 1463 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE YUCATÁN QUE IMPOSIBILITA, ENTRE OTROS, AL EJECUTADO PARA EFECTUARLO, NO ES UNA LEY PRIVATIVA.

El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que las leyes privativas prohibidas por el artículo 13 de la Constitución Federal , son aquellas que pierden su vigencia después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano y que se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos, por lo que basta con que las disposiciones de un ordenamiento legal tengan vigencia indeterminada, se apliquen a todas las personas que se coloquen dentro de las hipótesis que prevén y que no estén dirigidas a una persona o grupo de ellas individualmente determinado para que la ley satisfaga los atributos de generalidad, abstracción y permanencia y, por ende, respete el citado precepto constitucional. En congruencia con lo anterior, debe concluirse que el artículo 1463 del Código Civil del Estado de Yucatán que establece que no pueden rematar por sí, ni por interpósita persona, el Juez, secretario y demás empleados del juzgado; el ejecutado, sus procuradores, abogados, administradores y fiadores; los albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a la sucesión o a los incapacitados, respectivamente; ni los peritos que hayan valuado los bienes objeto del remate, no es una ley privativa. Ello es así, porque si la norma citada rige a todas las personas y grupos mencionados, sin contraerse a una sola persona o grupo individualmente determinado de éstos, y su vigencia es indeterminada, es evidente que la norma reviste los atributos de generalidad, abstracción y permanencia, respetándose, en consecuencia, el precepto constitucional de mérito.