PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES A LOS FUNCIONARIOS ELECTORALES, PREVISTO EN LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO. NO ESTÁ DISEÑADO EN FORMA DE JUICIO Y LA DECISIÓN QUE PONE FIN AL MISMO NO ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.

De los artículos 280, fracción I, 287, 288 y 295 de esa ley se desprende que el procedimiento de aplicación de sanciones a los funcionarios electorales por infracciones a esa propia legislación sólo persigue el aludido objeto, es decir, aplicar las sanciones que esa propia codificación prevé; por consiguiente no es un juicio en la medida en que no tutela intereses particulares o tiende a dirimir conflictos donde se disputen pretensiones privadas, pues aun en el caso de que se inicie a petición de parte determinada, ésta no detenta un interés encontrado al del denunciado, ya que no obtendría beneficio jurídico alguno de aplicarse una sanción al funcionario electoral o, lo que es lo mismo, no se le ocasionaría perjuicio alguno de no aplicarla. Por eso, la resolución definitiva recaída a ese procedimiento no es reclamable en amparo directo porque no se trata de una resolución que pone fin al juicio, como lo exigen los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo . SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.