SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

El citado artículo de la Ley de Amparo, establece que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. La razón que tuvo el legislador para crear tal disposición, fue que la suspensión no debía servir como un instrumento para burlar la justicia penal; es decir, con ese precepto se trató de evitar que quien reclama una resolución jurisdiccional que puede afectar la libertad personal y que aún no se ha ejecutado -verbigracia, orden de aprehensión, comparecencia o reaprehensión-, no debe obtener a través de la suspensión del acto reclamado un beneficio excesivo, como la posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia, dado que la institución del amparo y en especial la figura de la suspensión no pueden servir para tal fin. Ahora bien, la citada norma secundaria cumple con la garantía de legalidad, porque establece los requisitos que habrán de satisfacerse para su aplicabilidad, los cuales no dan margen a la arbitrariedad, porque va dirigida a toda persona que desee que la suspensión concedida en el juicio de garantías continúe surtiendo sus efectos, lo que es acorde con una finalidad válida para el legislador competente al elaborar la norma; precepto que tampoco viola la garantía de seguridad jurídica, pues se interpreta que la comparecencia ordenada debe ocurrir dentro del marco de un procedimiento, donde se respeten todos los derechos fundamentales de la persona, quien además podrá hacer valer lo que a su interés convenga.