PERSONAS INDÍGENAS PROCESADAS. AL GRADUAR SU CULPABILIDAD Y LA IMPOSICIÓN DE LA PENA, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.

Acorde con los alcances jurídicos que abarca el acceso pleno a la jurisdicción del Estado de que gozan los pueblos y las comunidades indígenas, reconocido en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en el ejercicio del arbitrio judicial para graduar la culpabilidad y la imposición de la pena a una persona indígena procesada, el juzgador debe ponderar el reconocimiento de esa calidad y atender a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, dado que este derecho constitucional repercute en el catálogo de las penas, en cuanto a la imposición de las medidas de seguridad más adecuadas, acorde a su artículo 28, fracción X , que prevé que los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo las medidas positivas a favor de la igualdad real de oportunidades para los pueblos indígenas y sus integrantes, entre ellas, cuando se fijen sanciones penales a un indígena, de procurar que tratándose de penas alternativas, se imponga aquella distinta a la privativa de libertad y promover la aplicación de sustitutivos penales, como beneficios de preliberación, de conformidad con las leyes aplicables locales; por tanto, en el juzgamiento de una persona indígena, el operador de la jurisdicción estatal debe aplicar esta ley especial. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.