AMPARO DIRECTO. EL REQUISITO DE PROCEDENCIA ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE EL JUICIO RELATIVO SE TRAMITARÁ ÚNICAMENTE SI LA AUTORIDAD INTERPONE Y SE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO POR EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBE PREVALECER, ÚNICAMENTE, CUANDO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RECLAMADA SEA FAVORABLE AL ACTOR EN SU TOTALIDAD.

Conforme a la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación contra las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, tal requisito de procedencia debe prevalecer, únicamente, cuando la resolución definitiva reclamada sea favorable al actor en su totalidad, esto es, en todos los aspectos que involucren al acto impugnado, puesto que de emitirse una resolución mixta que declare la nulidad sobre algunos actos y sobre otros reconozca su validez, sólo puede operar sobre aquellos en los que sea favorable a las pretensiones del actor, esto es, respecto de la parte que declaró la nulidad, ya que en cuanto a la que decretó la validez del acto, el juicio de amparo no debe ceñirse a tales lineamientos, toda vez que haría nugatorio el derecho del impetrante a reclamar, mediante el juicio de garantías, los aspectos que hubiesen sido contrarios a sus pretensiones, violentando así su derecho de acceso a la justicia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.