AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO ES ARBITRARIA NI OPERA AISLADAMENTE, PUES EL LEGISLADOR ADOPTÓ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO PROCESAL Y EXCLUIR LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA.

Del artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se advierte que el legislador, como excepción al principio general de inmutabilidad del acto reclamado en el amparo indirecto, determinó que tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, deberá complementar dichos aspectos; excepción que si bien es cierto no se explicitó en las iniciativas que dieron lugar a la expedición de la ley referida, halla su antecedente comprobable más remoto en la parte justificativa del documento denominado "Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado por el Alto Tribunal en 2001, del que se desprende que la intención de integrarla era la de evitar que respecto de un mismo acto se instauraran juicios de amparo sucesivos, uno por la falta de fundamentación y motivación y, una vez subsanado esto, otro por las violaciones de fondo. Asumido el propósito de la excepción aludida, es preciso señalar que su introducción a la regulación del amparo indirecto no es arbitraria ni opera aisladamente, pues, en principio, su operatividad se encuentra estrictamente acotada en relación con los juicios de amparo en que se reclaman actos materialmente administrativos, entendiéndose por éstos aquellos que, con independencia de que la entidad que los emite, se considere orgánicamente parte de la administración pública, el acto en sí mismo considerado tenga un objeto o contenido propio de los actos de la administración para la satisfacción de un interés general. Además, el legislador adoptó, como reguladoras de dicha excepción, dos disposiciones complementarias: la primera, contenida en el propio párrafo final del artículo 117 de la Ley de Amparo, consistente en que una vez subsanada la falta o insuficiente fundamentación y motivación del acto por la autoridad en el informe justificado, con éste deberá correrse traslado al quejoso, el cual podrá ampliar su demanda en un plazo de quince días, en relación con las cuestiones derivadas de dicha complementación y, la segunda, que suscitada la ampliación, se dará vista a las responsables, al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las autoridades distintas que se mencionen en la ampliación, difiriéndose en tanto la audiencia constitucional. Por otra parte, si bien es cierto que en el juicio de amparo opera el principio de definitividad, cuyo incumplimiento genera la improcedencia del juicio, regulado, específicamente tratándose de actos administrativos, en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, también lo es que existe una excepción a ese principio tratándose, entre otros supuestos, de actos carentes de fundamentación, aun cuando en el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto, lo cual constituye la tercera medida para acotar la funcionalidad de la excepción al principio general de inmutabilidad del acto reclamado. De lo anterior se advierte que al introducir el legislador la disposición excepcional indicada inicialmente, ésta aparece encaminada a la consecución de un propósito válido, que es hacer eficiente el juicio de amparo y, además, resulta razonablemente acotada, pues también se adoptaron las medidas instrumentales necesarias para no generar un desequilibrio procesal o indefensión entre las partes, excluyendo la improcedencia del juicio como efecto denegatorio de justicia y asegurando el estudio de las violaciones sustantivas atribuibles al acto reclamado en el mismo asunto en que se analicen las formales; igualmente, la disposición en estudio es congruente con el artículo 189 de la Ley de Amparo, el cual establece como regla para todas las materias, privilegiar el estudio de los conceptos de violación que redunden en un mayor beneficio, definiéndolos como los que se refieran a violaciones de fondo por encima de las de procedimiento y forma; regla que se especifica en relación con los actos materialmente administrativos a través del párrafo final del artículo 117 invocado que, como se dijo, permite que, superada la existencia de vicios de forma, se analicen las cuestiones de fondo introducidas desde la demanda, o bien, en su ampliación a partir de la complementación del acto, a menos que invertir aquel orden de estudio redunde en un mayor beneficio para el quejoso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.