TERCEROS. LA RELACIÓN DE SUPUESTOS DE SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO ES ENUNCIATIVA (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).

La interpretación jurídica de los artículos 21, 22, 22 bis y 23 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a la luz de su finalidad y de la optimización del derecho constitucional a la jurisdicción, hace patente que la relación de los supuestos específicos en que los terceros pueden o deben intervenir en un proceso o procedimiento jurisdiccional no es de carácter limitativo sino enunciativo, y que en esa relación debe entenderse comprendida cualquier persona que tenga un interés jurídico vinculado, en diferentes formas o grados, con los intereses de las partes del proceso, y que por esa vinculación el interés de los terceros se pueda ver involucrado, molestado o perturbado de alguna manera con la decisión jurisdiccional del litigio, que le pueda beneficiar o perjudicar, por lo menos en grado de apariencia, y por esto, ellos mismos, una o ambas partes, o la ley en representación de la sociedad, consideran conveniente o necesaria su presencia en el procedimiento, para fijar su posición y actuar en su propia defensa, en aras de asegurar el beneficio o evitar el perjuicio posible o previsible. Esto es así por las razones siguientes: La intervención de los terceros en los juicios civiles obedece a la necesidad de dotar de mayor eficacia el resultado de los procesos judiciales, en la sentencia y en su ejecución. El objeto de esta intervención estriba en que los terceros puedan invocar y probar hechos que incidan en el sentido que pueda resultar el fallo y que, de no ser llamados, podrían oponerse con posterioridad contra la ejecución de la sentencia, por no estar vinculados con ella, o contra acciones que en el futuro dedujera en su contra una de las partes del juicio en el futuro, como la acción de repetición de lo pagado. En el Distrito Federal, lo relativo a la intervención de terceros en los procesos civiles, se encuentra previsto en los artículos 21, 22, 22 bis y 23 del Código de Procedimientos Civiles; del análisis de estos preceptos, se advierte que las personas a las que la ley les reconoce expresamente la posibilidad de intervenir en el proceso como terceros, son las siguientes: el tercero coadyuvante, en el juicio seguido contra su codeudor solidario; el tercero cuyo derecho dependa de la subsistencia del derecho del demandado o del actor; los codeudores de una obligación indivisible, cuando uno de ellos sea demandado por la totalidad de la prestación, siempre y cuando su cumplimiento no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el demandado; el tercero obligado a la evicción, y el tercerista que intente excluir los derechos del actor y del demandado o los del primero solamente. No obstante, los supuestos específicos enumerados son de carácter enunciativo, pues para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción, respecto a los principios de prontitud, completitud y ejecutividad de la justicia, se pueden presentar muchos casos no contemplados por el legislador, en que resulte necesario incorporar a los procesos jurisdiccionales a personas distintas del actor y el demandado, por su vinculación con la materia de la controversia, cuyas posiciones puedan influir, en alguna medida, en el resultado del juicio en la sentencia, o que puedan ventilar sus propios intereses relacionados directamente con el objeto del litigio, pues con su llamado o admisión se les vincula al resultado del juicio en lo que les ataña respecto a la materia de la controversia entre las partes, se les respetan sus derechos al debido proceso en cuanto a esos intereses, se evitan nuevos juicios para la ventilación de tales intereses, y con todo eso se garantiza, efectivamente, que la justicia llegue más pronto al caso, su completitud para comprender y resolver el mayor número de cuestiones que surjan o deriven de la materia del juzgamiento, y que se logre una ejecución real de la sentencia, al eliminar las posibilidades de que las personas extrañas al juicio, pero con algún interés jurídicamente protegido en su contenido, a los que no obligue la sentencia, puedan iniciar nuevos procesos susceptibles de incidir en lo resuelto en la sentencia ejecutoria, o por lo menos de dilatar u obstruir su ejecución. Ciertamente, es evidente que la finalidad de llamar o admitir a juicio a terceras personas, consiste en integrarlas a la suerte del mismo, aunque únicamente en lo que les atañe respecto a la materia litigiosa, para que sobre estos aspectos les depare perjuicio la sentencia ejecutoria con la que culmine, para evitar el surgimiento posterior de nuevos procesos en defensa de tales intereses, y con el propósito de brindar mayor seguridad jurídica a las partes, con el fortalecimiento de la cosa juzgada, y al ser así las cosas, esto revela que no se debe interpretar que la legislación adjetiva civil limita la intervención de terceros a un catálogo cerrado, integrado con las situaciones que las capacidades y experiencias del legislador pudieron prever, y proscribe los demás casos que pueda generar la cambiante realidad, mucho más fértil que la experiencia de una época y la imaginación más creativa, con el desarrollo social y toda la dinámica del tiempo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.