SENTENCIAS QUE CONCEDEN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL. FACTORES PARA DETERMINAR LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA CUMPLIMENTARLAS, PARA CONCEDER RAZONABLEMENTE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE UNA PRÓRROGA DEL PLAZO RESPECTIVO, CONFORME AL ARTÍCULO 192, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE AMPARO.

El artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo confiere una facultad discrecional a los órganos de control constitucional, para ampliar el plazo que tienen las autoridades responsables para dar cumplimiento a las ejecutorias donde se conceda la protección constitucional, para lo cual deben atender a la complejidad o dificultad del asunto, con la única restricción de que el plazo que fijen sea razonable y se determine estrictamente. En ese sentido, para establecer objetivamente en qué radica la complejidad o dificultad de una ejecutoria de amparo en materia penal que deba cumplimentarse, es necesario realizar un análisis integral de la serie de factores que se presentan en el particular, como son: el número de tomos que conforman el procedimiento; la naturaleza del delito o delitos de que se trate; el estadio procesal del asunto; el material probatorio con que se cuente; los efectos de la concesión del amparo, ya sea procesal o sustantiva; el conocimiento previo del titular que va a cumplir; y, el número de inculpados; ello con independencia de alguna otra circunstancia que pudiera constituir un factor adicional de estudio para emitir la resolución correspondiente; todo esto, con el fin de evitar la imposición de plazos injustificados que demeriten la naturaleza sumaria del juicio constitucional y, sobre todo, vulneren el derecho de los gobernados a que se les imparta justicia de manera pronta y expedita, conforme lo prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, la prórroga que se conceda debe partir siempre de una ponderación razonada de los aspectos que influyan para emitir la resolución correspondiente y no ser producto de una decisión meramente subjetiva. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.