SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2013, ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA EQUILIBRADO, REGIDO POR MAYORES ELEMENTOS NORMATIVOS FORMALES Y SUSTANTIVOS, GENERALES Y ESPECÍFICOS, PARA EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES AL RESPECTO.

Como resultado de la reforma constitucional en materia de amparo del 6 de junio de 2011 y la posterior expedición de la ley de la materia, vigente desde el 3 de abril de 2013, se generó -en cuanto a la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto-, un nuevo sistema equilibrado con el propósito de dotar a la precautoria de mayor eficacia para la preservación de los derechos vulnerados y la materia del amparo y, a la vez, de mayores elementos de control que permitan evitar el abuso y el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social, por la contravención a intereses colectivos jurídicamente relevantes, e igualmente, permitan corregir esos efectos a través de los recursos previstos en la propia ley. Luego, en cuanto al propósito de dotar a la medida de mayor eficacia, en el nuevo sistema de suspensión, se amplía la discrecionalidad de los Jueces y sus facultades para allegarse de mayores elementos para dictar resoluciones más informadas y se prevé que se resuelva con base en una ponderación entre la apariencia del buen derecho, que presupone un asomo superficial y provisional al fondo del asunto, que, por un lado, permite corroborar, así sea provisionalmente, que asista al quejoso el derecho que estima vulnerado y la manera en que la violación se suscita para, en función de ello, conocer qué alcance dar a la suspensión para que resulte más eficaz para contener la violación y evitar que se torne difícilmente reparable y a la vez se evite la pérdida de la materia del amparo, esto por cuanto en forma concomitante a la apariencia del buen derecho, se valora el peligro en la demora; mientras que por otro, se introduce como elemento a dicha ponderación, el interés social, lo que lleva a que al decidir sobre la medida se tomen en cuenta los intereses, principios o valores colectivos jurídicamente relevantes cuya preservación se confía al Juez en uso de su discrecionalidad, representados a través del acto reclamado o involucrados en el contexto en que se materializarán las consecuencias de la suspensión del acto o de su ejecución, con lo que se encamina la decisión a tener un resultado eficaz en cuanto a la preservación de los derechos del quejoso, la materia del amparo y a evitar el dictado de una resolución que tenga como punto de partida una pretensión que no sea ni superficialmente fundada, frívola o temeraria y que lastime la sensibilidad social. Además, como parte del nuevo sistema equilibrado, en relación con la suspensión a petición de parte, el legislador estableció un conjunto de expresiones que constituyen elementos normativos, formales y sustantivos del aludido juicio de ponderación y, en general, de las resoluciones sobre la suspensión del acto reclamado, y estableció expresiones específicas que modulan o refuerzan la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, enfatizando la prevalencia de éste, como acontece en el último párrafo del artículo 129, en que se prevé que sólo en función de preservar un interés social, podrá excepcionalmente otorgarse la medida, aun tratándose de actos como los previstos en sus diferentes fracciones; además, en su artículo 131, al disponer que para otorgar la medida cuando se pida la suspensión aduciéndose un interés legítimo, no sólo será necesario asegurar la no afectación al interés social, sino que deberá justificarse que es un interés de esa índole y no meramente el deducido por el quejoso, el que justifique su otorgamiento, o bien, cuando a fin de disponer restablecer provisionalmente a éste en el goce de la garantía violada, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 147, se requiere acreditar que dotar a la medida de ese efecto, es jurídica y materialmente posible, aspectos que ilustran que cada una de esas expresiones, norman en lo formal y sobre todo sustantivamente, las decisiones sobre suspensión del acto reclamado, pero también constituyen elementos susceptibles de ser verificados y facilitadores del control que corresponde ejercer a los tribunales a través de los recursos procedentes de que conozcan; igualmente, evidencian que el aludido juicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, adquiere expresiones generales y específicas o reforzadas en función de las diversas previsiones de la Ley de Amparo; y, en función de esto último, revelan que el nuevo sistema establecido para la suspensión del acto reclamado, está dotado de mayores requisitos para su otorgamiento en comparación con la ley abrogada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.