POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. EL RESULTADO DE "NO APROBADO" EMITIDO POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA ES UN ACTO CUYA EMISIÓN NO AFECTA EL INTERÉS LEGÍTIMO NI JURÍDICO DE SUS MIEMBROS.

De los artículos 200 a 212 del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo abrogado, se advierte que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es el órgano encargado de evaluar periódica y obligatoriamente a los integrantes de la citada institución policial a fin de comprobar si satisfacen los requisitos de ingreso y permanencia y dan cumplimento a los principios de certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, contenidos en los artículos 113 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para tener por acreditado el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se requiere que el acto de autoridad reclamado lesione de manera directa el derecho del que se es titular; asimismo, para el interés legítimo se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese sentido, la referida evaluación no afecta el interés jurídico ni legítimo de los agentes policiales, aun cuando haya arrojado el resultado de no aprobado, pues aquélla sólo tiene por objeto comprobar si el evaluado cumple con los requisitos de permanencia que establece el servicio civil de carrera policial sin que un eventual resultado negativo tenga como consecuencia su desincorporación automática de la institución, pues la conclusión de no apto sólo genera la presunción de que incumplió con un requisito de permanencia, pero en sí mismo, no condiciona ni propicia el inicio del procedimiento de baja ante el Comité del Servicio Civil de Carrera Técnica, ya que éste constituye un hecho futuro de realización incierta, que impide evidenciar una afectación real, concreta y directa en su esfera de derechos; caso contrario acontece cuando se reclama este último, contra el cual sí procede el amparo biinstancial, por tratarse de un acto de imposible reparación, según lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 72/2013 (10a.), de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", pues en tal evento, aun cuando los servidores públicos pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.