DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR INOBSERVANCIA A ESE PRINCIPIO, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DEL RECLAMO DE ACTOS DE UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, DISTINTOS DE SU ÚLTIMA RESOLUCIÓN, POR SER IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AUN CUANDO SE RECLAMEN COMO LOS PRIMEROS DE APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL CUYA INCONSTITUCIONALIDAD SE ADUZCA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

El juicio de amparo, como procedimiento de control constitucional extraordinario, se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios de defensa comunes, los cuales se prevén en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional con el propósito de que, previo a la promoción del juicio, se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que dicha promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible, lo cual fortalece el ejercicio de las facultades que corresponden a las demás autoridades para resolver sobre las situaciones que se les presenten y genere certidumbre en el ordenamiento jurídico. Bajo esa premisa, la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en su artículo 73, fracción XV, establece que tratándose de actos distintos de los emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo indirecto no procederá mientras aquéllos puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que con arreglo a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la propia ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto, en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Consecuentemente, la referida causal de improcedencia se actualiza tratándose del amparo promovido contra actos de un procedimiento de licitación pública, distintos de su última resolución, pues éstos son susceptibles de ser impugnados ordinariamente a través del juicio contencioso administrativo, conforme a la fracción X del artículo 17 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, además de que según los artículos 66 a 70 Bis de la referida legislación, también es posible obtener, con la sola presentación de la demanda y la solicitud expresa, la suspensión del acto impugnado, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la medida precautoria, con la posibilidad de que, como resultado de la promoción del juicio contencioso, el acto pueda ser anulado en términos del artículo 88 de la misma ley. Por otro lado, aunque en términos del párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 citado, una excepción a la observancia del principio de definitividad se actualiza cuando el acto reclamado es también el primero de aplicación de una norma general cuya inconstitucionalidad se reclama -caso en que resultaría optativo agotar los recursos ordinarios procedentes o promover desde ese momento el juicio de amparo-, también se estima que dicha excepción no opera cuando la aplicación se suscita a través de un acto dentro del referido procedimiento de licitación, distinto de su última resolución, pues al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 215/2009, determinó que la referida excepción ha de ser vista en relación con la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, de tal suerte que no signifique que la mera impugnación de la norma general que funda el acto procedimental torne optativo agotar los medios de defensa ordinarios que puedan tener como resultado su anulación, cuando éste sea parte de un procedimiento administrativo, sino que, por el contrario, a fin de que el amparo no se desvirtúe y su promoción no redunde en un obstáculo injustificado a la prosecución del procedimiento administrativo hasta su resolución definitiva, debe considerarse que, aun la aplicación de la norma inconstitucional, es impugnable a través de la última resolución dictada en dicho procedimiento, en términos del artículo 158 de la misma legislación. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.