DERECHOS POR CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. LOS EFECTOS DEL AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN V, INCISO L), SUBINCISOS 1 Y 3, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 QUE LOS PREVÉ, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, SON QUE SE APLIQUE LA TARIFA MÍNIMA RELATIVA.

El artículo 17, fracción V, inciso l), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2017, forma parte de un sistema complejo de tributación, porque establece distintos elementos que pueden considerarse como variables respecto de la tarifa, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis, pues por el pago del servicio que presten las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de dicha entidad federativa, consistente en la certificación de hasta diez copias fotostáticas (subinciso 1), de constancias de registro prevé el pago de $380.00 (trescientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), y de $10.00 (diez pesos 00/100, moneda nacional), por cada hoja excedente (subinciso 3), supuesto o variable que no se aplicará a todos los usuarios de ese servicio. En ese sentido, los efectos de la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de dicho precepto por violación al principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son que se aplique la tarifa mínima de $10.00 (diez pesos 00/100, moneda nacional) por cada foja certificada, prevista en el subinciso 3, toda vez que la inaplicación de la disposición impugnada se efectúa considerándola inmersa en el sistema tributario declarado inconstitucional, es decir, en su aplicación subsecuente al cobro previsto en el subinciso 1, pero no considerado en su individualidad, por lo que, por sí mismo, no contiene el vicio de constitucionalidad destacado; de ahí que nada impide fijar la tarifa mínima de referencia para los efectos del fallo protector. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.