OFICIAL SECRETARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE SU CARGO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé una prohibición para reinstalar a los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales, a pesar de que su separación del servicio resulte injustificada. Esta proscripción ha sido considerada como un acto de imposible reparación, en términos del diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que hace procedente el medio de control de constitucionalidad biinstancial, en virtud de que afecta los derechos sustantivos al trabajo y a no ser separado injustificadamente de éste. Por su parte, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), dispone que podrá separarse de su cargo al oficial secretario del Ministerio Público local si no cumple con los requisitos de permanencia y, sobre este aspecto, especifica que en ningún caso procederá su reincorporación. Consecuentemente, aun cuando el puesto de oficial secretario no está comprendido en el precepto constitucional citado, lo cierto es que el ordenamiento que rige su permanencia contiene la misma limitante para que se reincorpore al servicio, lo que justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento de separación correspondiente. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.