RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. NO SE INTERRUMPE EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN CONFORME AL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA ABROGADA, CUANDO LA AUTORIDAD ACTÚA DESPUÉS DE OMITIR LA DEBIDA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE EN EL PLAZO QUE TIENE PARA ELLO, SIN QUE EXISTA UN ACTO JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE SU INACTIVIDAD.

El precepto citado establece que la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la ley; y si dejare de actuarse en éstos, empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción. No obstante, lo anterior no implica considerar que el plazo de prescripción puede interrumpirse cada vez que la autoridad dicte una actuación que impulse el procedimiento, después de haber omitido acordar la debida integración del expediente, porque ello no significa que válidamente deje de actuar, si no existe un acto jurídico que formal y materialmente justifique su inactividad; de lo contrario, el procedimiento se postergaría indefinidamente, pues bastaría que no continúe por cualquier motivo, para después interrumpir la prescripción con cada actuación de la autoridad; de ahí que una vez iniciado el procedimiento que interrumpe el plazo de prescripción en esa fase inicial, la autoridad tiene un máximo de tres o cinco años, según se califique o no de grave la infracción, para concluir el trámite y dictar la resolución, ya que esta facultad queda sujeta a los plazos y términos fijados por la propia ley; de otra forma, la interrupción de la prescripción y, por ende, la actualización de esa figura jurídica, dependería de la voluntad de la autoridad. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.