AUTOCORRECCIÓN EN MATERIA FISCAL. EL EJERCICIO DE ESA PRERROGATIVA NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE SE ENTREGUE A LA AUTORIDAD COPIA DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE, SINO A QUE ÉSTA SE PRESENTE OPORTUNAMENTE.

En términos del artículo 15 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, quienes opten por corregir su situación fiscal mediante la presentación de la declaración que corresponda (normal o complementaria), en términos del Código Fiscal de la Federación, deben entregar a la autoridad revisora una copia de ese documento. Por su parte, de la exposición de motivos de la creación de dicho ordenamiento se advierte que la intención del legislador al introducir esa obligación, fue brindar seguridad jurídica a los contribuyentes al ejercer esa prerrogativa, ya que la recepción de la declaración de autocorrección se traduce en la certeza del conocimiento por parte de la autoridad de que aquéllos optaron por regularizar su situación fiscal y, por tanto, que será tomada en cuenta para definir ésta. En ese contexto, el incumplimiento de esa carga (entregar copia) no puede tener como consecuencia hacer nugatorio el derecho del particular a autocorregirse y, por ende, que la autoridad esté relevada de examinar la declaración de autocorrección, dado que ello no deriva de la legislación aplicable pues, además de que la prerrogativa mencionada opera de pleno derecho, la inclusión de ese deber sólo tuvo como propósito otorgar certeza al gobernado; de ahí que siempre que la declaración normal o complementaria se presente oportunamente, esto es, a partir del inicio de las facultades de comprobación y hasta antes de la notificación del crédito fiscal, la autoridad está obligada a verificar si, mediante ella, efectivamente se regularizó la situación del contribuyente y a notificarle la decisión que asuma, pues en caso de que la corrección no se realice correctamente o en forma total, las autoridades podrán seguir ejerciendo sus facultades hasta su terminación, es decir, emitir su resolución determinante de las contribuciones omitidas, ya que arribar a una interpretación contraria implicaría privar a los contribuyentes de derechos que el legislador les reconoció expresamente. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.