PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTADO ESTÁ OBLIGADO A GARANTIZARLES LAS CONDICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LES ASEGUREN EL EJERCICIO DEL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, ATENTO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en su texto y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; y prohíbe toda discriminación motivada, entre otras cuestiones, por tener cualquier tipo de discapacidad. Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé en sus artículos 5, fracciones V y VI, y del 28 al 31, el reconocimiento a la autonomía individual que incluye la libertad para poder tomar sus propias decisiones y la independencia de que gozan aquéllas para ejercer su voluntad, quienes tienen derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte. En ese sentido, el deber del Estado es procurar los medios y condiciones jurídicas en general, para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido por sus titulares. En especial, el Estado está obligado a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginación y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.