SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS MEDIANTE EL USO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL ARTÍCULO 71 SEPTIES, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, AL PROHIBIR EL SUBARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, NO VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LIBERTAD DE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL.

Hechos: Una empresa de redes de transporte por medio de plataformas electrónicas promovió juicio de amparo indirecto contra el artículo 71 Septies, segundo párrafo, de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, con motivo de su primer acto de aplicación, al considerar que transgrede el derecho fundamental de libertad de competencia y concurrencia, previsto en el artículo 28 de la Constitución General, toda vez que prohíbe el subarrendamiento de vehículos para la prestación del servicio de transporte. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el artículo 71 Septies, segundo párrafo, de la ley referida, al prohibir el subarrendamiento de vehículos para la prestación del servicio de transporte, no viola el derecho fundamental de libertad de competencia y concurrencia, previsto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Justificación: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2017, declaró la validez del artículo 172, fracción II, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, de contenido similar al precepto 71 Septies, segundo párrafo, citado. En consecuencia, la prohibición sobre el subarrendamiento de los vehículos con que se presta el servicio de transporte por medio de plataformas electrónicas resulta consecuente con la libertad de competencia y concurrencia, toda vez que no establece barreras de entrada a los interesados en desarrollar esa actividad en términos de calidad, conveniencia, precio y seguridad, pero además, porque el legislador no adoptó la citada prohibición como un límite injustificado a dicha libertad, sino como una medida para proteger la seguridad de conductores y usuarios al coadyuvar a identificar plenamente a las personas que aparecen registradas ante la Secretaría de Transporte como responsables de las unidades automotrices con que se presta ese servicio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.